La investigación sobre la presunta venta ilegal de alimentos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social en Tucumán podría tener un giro clave gracias a una planilla de Excel que detalla el reparto de víveres. En la lista se identifican 73 organizaciones que retiraron los módulos alimentarios de diciembre, y un 30% de ellas no ha rendido cuentas hasta ahora.
El sistema funciona mediante intermediarios que solicitan los módulos al Estado y Desarrollo Social, retirándolos luego de la sede de la empresa Hacha de Piedra. En diciembre, se repartieron más de 50,000 módulos alimentarios, reforzando las partidas con un 50% adicional.
Desarrollo Social determinó que casi el 30% de las organizaciones beneficiadas no ha cumplido con la obligación de informar el destino de los víveres. Algunas agrupaciones, como el Movimiento Popular de la Dignidad y Misioneros de Francisco, figuran entre las que no rindieron cuentas.
El fiscal Ignacio López Bustos, a cargo de la investigación, podría utilizar estos datos como referencia, pero su indagación abarca desde marzo de 2023. La hipótesis es que personas vinculadas a dirigentes políticos retiraban la mercadería para comercializarla ilegalmente o utilizarla con fines electorales.
La pesquisa intenta esclarecer si los víveres fueron utilizados como un medio para obtener votos, especialmente durante los períodos electorales, como en octubre y noviembre. La investigación sigue en curso para determinar los movimientos desde abril hasta junio, coincidiendo con las elecciones provinciales.
Fuente: La Gaceta
