Inspectores del gobierno tucumano, con el apoyo de las fuerzas de seguridad, detectaron al menos siete nuevas irregularidades en la Reserva Provincial La Angostura, ubicada en El Mollar, sumándose a las seis descubiertas en días anteriores. Durante el operativo, ordenado por la Fiscalía de Estado y supervisado por el comisario Marcos Goane, se inspeccionaron terrenos y edificaciones que, según las autoridades, están en tierras fiscales y no cuentan con permisos legales.
Las inspecciones incluyeron instalaciones como el club Atlético Social Deportivo Tres Luces, donde no se localizó al propietario, lo que llevó a la demolición de una construcción precaria con maquinaria pesada. También se inspeccionaron 22 casas ubicadas cerca del camino del perilago, cuyos propietarios fueron identificados. Además, se visitó una parcela con una vivienda y una cancha de fútbol en construcción, cuyos dueños ya fueron notificados de que estarían ocupando tierras públicas.
Entre los lugares revisados están el Club Náutico, donde se construyó un barrio privado sin autorización, y el embarcadero “El Pelao”, que opera con una orden de desalojo de hace siete años. En el “Loteo Gaucho Castro” se hallaron más de 15 viviendas construidas; los compradores de estos terrenos señalaron a Juan Pablo Castro como el vendedor, quien aparentemente habría obtenido permisos para pastoreo y luego inició trámites en Catastro para comercializar las parcelas, aunque estos nunca se finalizaron.
Mientras las inspecciones avanzan, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, solicita que se autorice la demolición de todas las edificaciones en esta reserva de 1.400 hectáreas y que se acelere el proceso para recuperar la zona protegida. Además, el gobierno está recopilando pruebas para denunciar penalmente a quienes se beneficiaron con la venta de estos terrenos, acusándolos de usurpación.
Por su parte, algunos compradores de buena fe han contactado abogados para presentar un amparo que frene el desalojo, mientras que otros consideran denunciar a Castro por estafa. Al momento, Castro y el delegado comunal Jorge Cruz no han respondido a los llamados de las autoridades ni a los intentos de contacto, mientras que Catastro confirmó que estas tierras pertenecen al estado y han sido reserva desde 1996.
