Juan Roberto Robles envió un informe esta semana al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano. En este informe el veedor indicó que desde dentro del debate salieron a la luz la existencia de pistas falsas junto a maniobras de encubrimiento. Además, denunció ante el ministro la posibilidad de una operación para apartar de la acusación al fiscal Diego López Ávila.
“Suponemos que el poder político habría comenzado a efectuar presiones tendientes a lograr la separación de López Ávila, que, pese a todas las adversidades, hizo avanzar la investigación, y posibilitó el debate público que comenzó en febrero. Se pretende desvirtuar toda la prueba para que el proceso caiga”, afirmó el Robles.
En el informe dirigido a Garavano, Robles llamó la atención sobre el hecho de que un testigo del juicio, Ramón Fernández (empleado de la Dirección Provincial de Vialidad), había negado su propia rúbrica durante la semana pasada y que, como consecuencia de ello, la defensa había solicitado la imputación penal del fiscal López Ávila.
“Esta situación quedó aclarada por el cotejo de firmas y el testigo fue inmediatamente detenido. Asimismo se hicieron intentos en idéntico sentido con el objeto de recusar a los miembros del tribunal (la Sala III de la Cámara Penal) que, según mi entender, viene realizando una tarea impecable”, opinó el veedor.
Robles y su colega Ana Colombres Garmendia fueron elegidos por la Nación para llevar adelante la observación de 33 casos de la Justicia local. Entre ellos está la causa por el crimen de Paulina Lebbos, el cual llegó a juicio luego de 12 años.
