Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), se comunicó que a través de la Fiscalía Especializada en Homicidios I, a cargo de la doctora Adriana Giannoni, se solicitó el requerimiento de elevación a juicio de la causa en la que Cecilia Valeria Encina está acusada del asesinato de su suegra, Mercedes Tránsito Campos.
Encina está acusada del delito de robo agravado por el uso de arma, en concurso real con el delito de homicidio “criminis causae”, por considerar que el asesinato de Campos fue cometido para ocultar el robo y de ese modo asegurar sus resultados o la impunidad; o por no haber obtenido el resultado que se propuso al cometer el otro delito.
El caso
De acuerdo a la formulación del requerimiento de elevación a juicio, en la mañana del viernes 14 de diciembre de 2018, alrededor de las 10.00 horas, Encina se encontraba junto a su hija menor de edad, en el domicilio de Campos, madre de su pareja, Marcelo Campos Aragón, en calle Martín Fierro al 600, de Banda del Río Salí, en la zona este de la provincia.
Encina se habría presentado en esa vivienda con el objetivo de apoderarse del dinero producto del seguro de vida de su difunto suegro. Ahogada por las deudas, como quedó demostrado en la instrucción, la mujer aprovechó que su suegra salió momentáneamente a atender a una vecina, e ingresó a su dormitorio, circunstancia en la que fue sorprendida por la Campos.
“Doña Mecha”, como llamaban a la víctima sus familiares y allegados, era una mujer de 70 años, muy conocida en la zona este de la provincia, ya que en su casa atendía a las personas que acudían para que los curara de la “paletilla”.
El ataque
Con la decisión de terminar con la vida de su suegra, a fin de asegurar su impunidad, la atacó con un cuchillo. Ante la resistencia de la víctima, la agresión continuó en una habitación donde se guardaban herramientas y materiales para la construcción. En ese contexto, la acusada tomó una llave Stilson y golpeó a Campos en la cabeza.
A partir de declaraciones testimoniales y otros elementos de prueba incorporados en la causa, se confirmó que la imputada tenía considerables deudas económicas.
“Las declaraciones testimoniales dejaron en evidencia que la imputada no tuvo otra intención que apoderarse ilegítimamente del dinero de la víctima, valiéndose de la vida de esta para asegurar su impunidad”, expresó la fiscal en el requerimiento.
Pericias
Tras consumar el delito, la agresora ocultó en una mochila infantil, el cuchillo y la llave con los que causó la muerte de Campos. Esos elementos serían secuestrados posteriormente.
Las pruebas comparativas de ADN realizadas posteriormente sobre esos elementos, dieron resultado positivo, confirmando que habían sido manipulados por la imputada.
También fue establecida la presencia en las mismas del perfil genético de la víctima, lo que implica la agresión recibida.
Arresto domiciliario La imputada se encuentra bajo arresto domiciliario, a través del sistema de monitoreo con pulsera electrónica. Le fue concedida esa medida luego que su defensa argumentara que la pequeña niña se encontraba en situación de lactancia. Esa posibilidad fue descartada por la doctora Geraldine Salazar, quien se encuentra a cargo de la querella.
Al respecto, la letrada expresó: “La jueza (Carolina) Ballesteros fundamenta el arresto domiciliario en que la niña era lactante, lo cual fue objetado, ya que esa situación no era cierta. Ocurre además que el padre no estaba filiado con la menor, ya que no tenía DNI por ser de nacionalidad boliviana. Ambas situaciones se encuentran en etapa de tramitación y de resolución”.
“Considero que en esa instancia no se tuvo en cuenta la opinión de la querella. Entendemos que la situación se dio en defensa de la menor, pero no se analizaron otras situaciones; por ejemplo, no es justo que la menor viva la situación de encierro en la que se encuentra su madre; sobre todo, teniendo en cuenta a su padre, que es con quien debería estar por su bien”, concluyó la abogada.
