Dos funcionarios del Penal de Villa Urquiza quedaron bajo la lupa de quienes investigan el crimen del preso Sebastián Medina en el interior del establecimiento carcelario. Se trata de Walter Pato, jefe del Departamento de Personal del penal y de Fernando Cisterna, como responsable de las unidades 1 y 2.
Medina, el preso asesinado se había animado a denunciar el negociado de guardiacárceles vinculado con la compra y venta de estupefacientes en el interior del penal. Por razones de seguridad, el reo fue llevado a una comisaría donde permaneció hasta que, imprevistamente, se decidió su regreso al penal, donde finalmente sería asesinado en una confusa pelea en la que estuvo involucrado otro recluso. El día antes a su crimen, Medina redactó una carta de puño y letra en la que le manifestaba a su familia su miedo a ser asesinado.
Desde ese momento, una compleja investigación iniciada por la fiscal Adriana Giannoni se puso en marcha: varios guardiacárceles y empleados quedaron bajo la lupa.
La declaración de Claudio González, uno de los empleados del servicio penitenciario, imputado por serias irregularidades detectadas en las actas del traslado del recluso asesinado-quien está en libertad-contradijo la declaración tanto de Pato y de Cisterna.
El juez Alejandro Tomas había resuelto liberar a Pato y a Cisterna, pese a permanecer más de seis horas aprehendidos en la Alcaldía de Tribunales, acusados de estar implicados en el homicidio de Medina. Ante esto, la fiscal Giannoni hizo el pedido de detención ante Víctor Rougés, juez natural de la causa, quien se inhibió y finalmente Víctor Pérez decidió hacer lugar al pedido de la fiscal.
