Una cuna de juguete fue la protagonista de la sesión del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán este viernes. Con esto, el edil Rodolfo “Johny” Ávila, afín al intendente Germán Alfaro, hizo alusión a la anulación del sobreseimiento del gobernador Juan Manzur en la causa por el Plan Qunita. El moisés con una muñeca de un bebé luego fue retirado de la banca del concejal por pedido de la oposición.
Los ediles de los bloques Tucumán Crece-PJ y Restauración Peronista solicitaron una sesión extraordinaria para tratar un pedido de informes por los $ 2,2 millones en subsidios que repartió la Municipalidad a 1.500 vecinos de la provincia. Luego de un extenso debate, se aprobó tratar el pedido de informes con el intendente.
Desde la bancada Acuerdo para el Bicentenario (ApB)-Cambiemos, en tanto, buscan tratar un pedido de informes sobre los gastos de dos festivales organizados por la Provincia y la asignación de ayudas sociales por $ 21 millones.
En detalle
El decreto 3.810 del 28 de septiembre (la campaña había comenzado el 23) autorizó a la Secretaría de Gobierno de San Miguel de Tucumán a destinar $2,2 millones en subsidios para 1.502 beneficiarios. La erogación correspondía a fondos de la Partida Principal 31. El instrumento trascendió la semana pasada de manera incompleta: se adjuntó al expediente una planilla con datos de 700 vecinos, es decir, menos de la mitad de los favorecidos. A cada uno se le asignaron $1.500.
Los concejales de Cambiemos negaron que el reparto de subsidios a vecinos que vivan fuera de la capital sea ilegal y presentaron un pedido de informes, pero para requerir documentación al Poder Ejecutivo provincial. El proyecto de resolución del sector afín a la Intendencia solicita: un informe de los gastos para la realización de la Fiesta de la Luna Tucumana (que insumió $ 24 millones); documentación de los gastos del festival Tucumán Late ($15 millones); los expedientes sobre el destino de subsidios por la Secretaría General de la Gobernación por $ 21 millones; y un informe con el estado procesal del gobernador, Juan Manzur, tras la revocatoria del sobreseimiento dictado por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa “Qunita”.
