Un menor trabajaba ilegalmente en una panadería y por un accidente de trabajo perdió dedos de la mano

Publicado el: 20 octubre, 2024

La justicia condenó a los propietarios de una panadería en Aguilares a pagar una indemnización de más de $2,6 millones después de que un menor de 11 años, que trabajaba ilegalmente en el negocio, sufriera un accidente en el que perdió dos dedos de la mano derecha. El accidente ocurrió en julio de 2015, mientras operaba una máquina industrial en la panadería, y fue el detonante de una demanda por trabajo infantil y accidente laboral presentada por la madre del niño.

El juez Tomás Ramón Vicente Alba, del Centro Judicial Concepción, emitió una sentencia firme condenando a los empleadores por explotación infantil y negligencia. El menor había comenzado a trabajar como ayudante de panadero en diciembre de 2014, a tiempo completo y bajo relación de dependencia. Tras el accidente, en el que se amputó dos dedos de la mano, y ante la falta de respuestas de los responsables del negocio, la madre inició la demanda.

La sentencia también ordena medidas preventivas para evitar que los dueños de la panadería vuelvan a caer en prácticas de explotación infantil. Entre las disposiciones se incluye la obligación de que los condenados realicen un curso de 30 horas sobre derechos de la niñez y protección integral de niños y adolescentes, impartido por organismos públicos.

Además, organismos como la Secretaría de Estado de Trabajo de Tucumán y el Ministerio de Trabajo de la Nación supervisarán los domicilios de los demandados durante los próximos tres años, para asegurar que no reincidan en estas prácticas. Las inspecciones incluyen la posibilidad de allanamientos si se considera necesario.

El juez Alba subrayó la importancia de erradicar el trabajo infantil, citando convenios internacionales y la Constitución Nacional, y recordó que estas prácticas perpetúan la pobreza y afectan tanto la salud como el desarrollo social y psicológico de los niños. El fallo también resaltó que la responsabilidad del Estado es clave para cumplir los compromisos internacionales en la protección de los derechos de la infancia.

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