En Argentina, un diputado nacional informó que presentará un proyecto de ley para que todos los violadores y asesinos de menores de edad puedan recibir la pena de muerte. La propuesta, generó un fuerte revuelo y provocó apoyos y rechazos en las redes sociales.
Francisco Sánchez, del Partido Progresista (PRO), y legislador de de la provincia de Neuquén, en Argentina, escribió en su cuenta de Twitter:
“Voy a presentar un proyecto para aplicar pena de muerte a monstruos como estos”, escribió Sánchez en su cuenta de Twitter. Sánchez. La publicación fue acompañada con la noticia de la muerte de un niño que había sido violado y golpeado por su padrastro. El menor estaba hace un año agonizando en el hospital debido a las secuelas del ataque.
El diputado, que pertenece a Juntos por el Cambio, también hizo referencia al debate por la legalización del aborto y señaló de forma irónica: “Seguro que ahora que ya no consideramos más el Pacto de San José de Costa Rica en Argentina, voy a conseguir la adhesión de quienes lo rechazaron cuando votaron el aborto”.
En 1984, el país adhirió al mencionado pacto, que en el artículo 4 se refiere al derecho a la vida. Respecto del aborto, la legislación detalla: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Sobre la pena de muerte, también aclara: “No se establecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.
La muerte que generó la reacción
Lucas Tahiel Quirós, de dos años, falleció este fin de semana en el Hospital de Niños de La Plata, donde estaba en terapia intensiva desde octubre de 2019, según informó el diario El Día. El niño había sido violado por la pareja de su madre, Rubén Oscar Pérez, quien continúa prófugo de la justicia.
Lucas tenía un año y tres meses cuando fue brutalmente golpeado y abusado sexualmente por el hombre, quien aprovechó cuando la madre salió a realizar las compras y lo dejó solo con el niño. La carátula de la causa es “homicidio agravado y abuso sexual” y es investigado por la fiscal Karina Guyot, quien está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de San Vicente.
