La presentación en la Justicia de uno de los acusados de extorsionar al sacerdote acrecentará el escándalo. Se trata de un caso que, por decisión de la Justicia, todas las partes tienen prohibido brindar información para preservar la intimidad de la víctima.
El viernes 23 de noviembre, según consta en el expediente judicial, el párroco de San Roque Domingo Atonur fue hasta el domicilio de un tal “El Mudo” para contratar un servicio sexual de una mujer. Allí, siempre según la versión oficial, le ofrecieron tener relaciones con un trans y una mujer a cambio de que le pagara $4.000 a cada uno y se hiciera cargo del gasto del hotel alojamiento.
El cura aceptó la propuesta y, a bordo de su vehículo VW Polo, se dirigieron a Villa 9 de Julio a buscar a las personas para que tuvieran relaciones sexuales. Luego partieron hacia el hotel ubicado en la diagonal que va a Tafí Viejo. Después de haber mantenido relaciones sexuales, se marcharon del lugar.
A los dos días, Atonur es citado por Juan Ramiro Rojas en avenida América y Santa Fe. Al llegar al lugar, el religioso se encuentra con el hombre que lo había llamado. A los pocos segundos, aparecen en la escena Juan Ramón Medina y Oscar Antonio Trujillo. Haciéndose pasar por policías, los dos últimos, le muestran de un celular fotos íntimas del encuentro sexual que habían mantenido. Le pidieron U$S 50.000 (más de $15 millones) para que no difundieran esas imágenes.
La víctima les dijo que no tenía esa suma de dinero y que sólo les podía entregar unos U$S7.000 que tenía depositado en una financiera los últimos días de noviembre. Esa noche, según consta en el expediente, le entregó los $4.000 que tenía en su poder.
Con el correr de los días, los acusados comenzaron a enviarle mensajes amenazantes al sacerdote. No sólo le exigían el pago de esa suma de dinero, sino también le exigían la entrega de su auto particular. Acorralado por los supuestos extorsionadores, decidió denunciar el caso en el Ministerio Público Fiscal.
Por orden de la titular de la Unidad Fiscal Mariana Rivadeneira, se montó un operativo especial para atrapar a los sospechosos. Atonur citó a los implicados a un encuentro en la estación de servicio que está ubicada en avenida Ejército del Norte y Mendoza. Luego, los señalados, cambiaron de lugar y terminaron reuniéndose en San Martín y J. Luis Nougués.
En ese lugar también estaban los investigadores de la ex Brigada al mando de los comisarios Miguel Carabajal y Jorge Dib. Así detuvieron a Juan Ramón Medina, Trujillo y Rojos. También les secuestraron los celulares que tenían en su poder y que, supuestamente, fueron utilizados para comunicarse con el cura.
El caso generó un escándalo a nivel provincial. Al trascender la detención, comenzaron las presiones para que no trascendieran los detalles. El Arzobispado, en una situación que no tiene antecedentes en la provincia, emitió cuatro comunicados de prensa un mismo día. El primero, informando que no estaba al tanto de la situación y, el último, anunciando que separaba de su cargo a Atonur hasta tanto se realice una investigación interna.
En la Justicia sucedió otro hecho que sorprendió. La fiscal Rivadeneira, con el apoyo del querellante José María Molina, solicitaron que la audiencia fuera privada y que los detalles que surgieran de allí se mantuvieran en secreto. La jueza interviniente María Soledad Hernández aceptó el planteo esgrimido y también recomendó a todas las partes, a los funcionarios judiciales y personal policial para que no revelara información del caso.
En ese debate, Rivadeneira, además de conseguir que el expediente sea declarado complejo, pidió que a los acusados se les dictara la prisión preventiva por ocho meses. La magistrada aceptó parcialmente el pedido, ya que le dictó la cautelar por 120 días.
El caso estaba encaminado a cerrarse. Sólo faltaba detener a un cuarto sospechoso. Sin embargo, Medina cambió de defensor y de estrategia. El abogado Gustavo Morales anunció que presentará una testigo clave que serviría para demostrar que los detenidos son inocentes.
