En una votación ajustada en el Congreso, el gobierno de Javier Milei logró mantener el veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario, gracias a los votos clave de diputados de Tucumán y Catamarca. Con 159 votos a favor, 85 en contra y 5 abstenciones, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo el veto solo por tres votos, tras intensas negociaciones y un contexto caldeado en las afueras del recinto.
La estrategia del Gobierno, liderada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y otros funcionarios clave, incluyó acuerdos con diputados del PRO, de la UCR y bloques independientes como el tucumano Independencia, que resultaron fundamentales para alcanzar los números necesarios. Los votos de los diputados tucumanos Mariano Campero, Luis Picat, Federico Tournier y Martín Arjol fueron decisivos, así como el respaldo de José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, y el bloque de Catamarca.
El veto presidencial había generado intensas protestas en todo el país, con reclamos por el desfinanciamiento de las universidades públicas. La ley vetada buscaba actualizar el presupuesto para las universidades, pero el gobierno argumentó que no se contemplaba el impacto fiscal y que la medida buscaba perjudicar políticamente su gestión. Tras la votación, el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un paro total y hubo incidentes en las afueras del Congreso, con siete detenidos.
El impacto del veto ha generado un fuerte debate sobre la crisis presupuestaria de las universidades y el salario de los docentes. Diputados de la oposición, como Roberto Sánchez de la UCR, defendieron su voto contra el veto, argumentando que la universidad pública es clave para el desarrollo del país y que la ley no afectaba el equilibrio fiscal.
Pese a los esfuerzos de la oposición, que se quedó a solo tres votos de desestimar el veto, el gobierno logró una nueva victoria parlamentaria, consolidando su control en el Congreso, aunque con un margen muy estrecho.
