Hoy se cumplen dos semanas de los comicios en Tucumán. Ese 23 de agosto puede cambiar lahistoria de las elecciones en la Argentina. No solo porque el pueblo tucumano salió masivamente a protestar durante ocho días consecutivos en reclamo contra el fraude electoral, sino porque el Acuerdo para el Bicentenario (ApB) se presentó ante la Justicia para interponer una acción de amparo contra la provincia para que las elecciones sean declaradas nulas y se convoque nuevamente a votar.
El momento de presentación de la demanda no podía ser mejor. Se concretó cuando, escrutado el 30% de los votos, la fórmula opositora supera al oficialismo por unos 8 puntos. Es decir, nadie puede aducir que la derrota es la causa de la demanda, aunque un opositor derrotado con fraude tiene el derecho, incluso la obligación ciudadana, de reclamar ante la Justicia.
En 32 años de democracia, es la primera vez que se presenta un escrito de estas características para denunciar un “fraude estructural o integral” de un acto comicial, con “daño concreto y grave” no solo contra los candidatos, sino contra la “voluntad del pueblo tucumano y las instituciones republicanas y democráticas”. Por eso, se pide la urgente intervención de la Justicia, para evitar la consumación del fraude, o sea, la asunción de un gobierno deslegitimado.
El abogado Daniel Alberto Ponce, apoderado del ApB y redactor del escrito, sorprendió a la Justicia al solicitar la medida cautelar, que exige reparar, rápidamente, la causa que violó los derechos electorales del pueblo de Tucumán. La Cámara en lo Contencioso Administrativo está obligada a pronunciarse cuanto antes, en poquísimos días, para evitar que el caso se vuelva abstracto. Por ejemplo, cuando ya haya asumido la gobernación el cuestionado José Manzur.
La dificultad de que se administre justicia en un corto período de tiempo es el talón de Aquiles en las cuestiones electorales, algo que conoce muy bien la maquinaria del Estado, que sabe de las dificultades de la oposición para concretar la denuncia de fraude y lograr la actuación judicial. Luego de votar, la población está urgida por saber quién ganó y está apurada en pasar a otra cosa. Salvo protestar frente al periodismo nacional independiente, es muy poco lo que puede hacer la oposición, porque las fuerzas de seguridad, los tribunales, y hasta la mayoría de los medios de comunicación están en manos de quienes gobiernan los feudos.
Esa es la razón por la cual el director nacional electoral, Alejandro Tullio, puede decir -sin ponerse colorado- que “en 32 años de democracia no hubo fraude en la Argentina”.
En InfobaeTV, Tullio aseguró que “en 32 años de democracia argentina no hubo fraude”
Cuando un partido toma conciencia de que hubo fraude y lo denuncia públicamente, el organismo responsable realiza una “presurosa desmentida” a cualquier imputación de irregularidad y niega la apertura de las urnas. Mientras, los días pasan, y los políticos opositores terminan por aceptar la derrota, ya sin fuerzas para discutir frente a una Justicia que saben discrecional. Es un perfecto sistema de injusticia en lo más crucial de una democracia, el sufragio del ciudadano para elegir a quienes gobernarán al pueblo.
Un ejemplo lo brinda la mismísima Junta Electoral tucumana. El ApB alertó de las maniobras a través de dos presentaciones previas a la votación, una el 24 de julio y otra el 30 de julio. Medidas específicas fueron pedidas para evitar acarreo de votantes, entrega de dádivas, presencia de operadores políticos en escuelas, obras sociales y organismos públicos donde se distribuyen los planes sociales y amenazas a electores, entre otros delitos. En todos los casos, el Tribunal Electoral se pronunció contra esas prácticas, pero “por inexcusable ingenuidad o por consciente complicidad” omitió dotar de efectividad esas prohibiciones y, obviamente, no pudo evitar el infierno electoral anunciado y temido.
Según la presentación que hicieron Cano y Amaya, en Tucumán hay una ecuación muy clara, que puede resumirse de la siguiente manera: GOBIERNO = CAJA Y RECURSOS PÚBLICOS = PROLIFERACIÓN DE PRÁCTICAS CLIENTELARES = SOJUZGAMIENTO CIUDADANO = IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LIBRE ELECCION = NO DEMOCRACIA. Es la más expresiva síntesis de lo que sucede en muchas partes de la Argentina, incluso, en el conurbano bonaerense. O sea, la ausencia de una democracia efectiva, porque los electores carecen de libertad ante las prácticas clientelares y lo que ya muchos definen como la oligarquía estatal.
Fragmento de la denuncia presentada por Cano y Amaya
Profundamente original en sus conceptos, la presentación extiende la concreción del fraude al sojuzgamiento cultural que significa tildar de traidor o desagradecido a quien habiendo sido beneficiado por alguna dádiva haya votado a un candidato de la oposición. También a la cooptación de medios de comunicación para ensalzar a políticos oficialistas y denostar o invisibilizar a los opositores. Es decir, el fraude electoral empieza mucho antes del día de votación.
Para fundamentarlo, cita la legislación electoral mexicana relativamente nueva en la materia, la que puso fin a la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que entiende por nulo unos comicios cuando se niegan los derechos propios del acto de votar. Por ejemplo, con irregularidades graves plenamente acreditadas, que no pudieron ser reparadas durante la jornada electoral, y, por lo tanto, ponen en duda la certeza del resultado de la votación.
También se fundamenta en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se reafirma que los representantes deben ser “libremente escogidos” y que los candidatos deben tener “condiciones de igualdad” que garanticen la libertad del voto. Y en el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 23, insiste con la libre expresión de la voluntad de los electores y la igualdad de oportunidades de los postulantes para que el proceso electoral sea considerado legítimo y válido.
La legislación argentina no contempla en forma explícita la posibilidad de declarar la nulidad de los comicios. En rigor, tampoco habla de “fraude”, sino de “delitos electorales”, pero no precisa el proceso fraudulento de un acto comicial, sino que tipifica hechos puntuales, con penas excarcelables. En ningún caso se tipifica el proceso sistémico como lo hizo la demanda del Acuerdo por el Bicentenario, “desplegado y urdido por una maquinaria fraudulenta desde mucho antes del acto eleccionario, intensificado el domingo 23 de agosto”.
Como dice Tullio, “la mitad del Código Electoral fue modificado durante los últimos años”. Nada puede argumentar acerca de la falta de sustancialidad de la enorme mayoría de las reformas electorales realizadas en tiempos kirchneristas. Ningún aspecto que garantice la transparencia y la legitimidad del más sagrado momento de la democracia fue abordado estos años. Por el contrario, dominan la obsolescencia y la discrecionalidad.
En Tucumán, sin embargo, está naciendo un nuevo tiempo democrático, sostenido en la movilización del pueblo en las calles y en la búsqueda de un nuevo encuadre legal para el fraude electoral que se practica en vastas regiones del país. En el Jardín de la República ya avisaron. Si la Cámara no hace lugar, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tienen un caso y lo llevarán hasta las últimas consecuencias.
Quieren votar de nuevo en la categoría gobernador y vice el 25 de octubre, cuando se realicen las elecciones nacionales. Si es necesario, irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se dejarán arrastrar por el “no se puede”. Ellos vienen moviendo las montañas del fraude, marcando el camino.
