Tres mujeres tucumanas denunciaron penalmente en agosto de este año a un entrenador deportivo, identificado como E.S., por múltiples abusos sexuales ocurridos entre 2021 y 2024. Según los testimonios, las agresiones habrían tenido lugar en su gimnasio, entrenamientos grupales y competencias deportivas en Tucumán. El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género N° 4, pero la demora en el proceso genera preocupación entre las denunciantes.
El entrenador, conocido por dirigir un grupo de running y ofrecer clases accesibles en lugares públicos como el Parque 9 de Julio, la avenida Juan D. Perón y la Plaza San Martín, habría usado su posición de autoridad para manipular y vulnerar a las víctimas. Según los relatos, E.S. prometía mejorar el rendimiento deportivo de las mujeres y utilizaba esta excusa para realizar masajes que derivaban en abusos sexuales.
Una de las denunciantes relató un episodio ocurrido el 4 de julio de este año, cuando el entrenador insistió en realizarle un “masaje terapéutico” en el gimnasio ubicado en la calle Salta al 100. Durante el procedimiento, según la denuncia, el acusado usó un vibrador y realizó tocamientos indebidos, todo sin el consentimiento de la víctima. Otros testimonios detallaron un patrón similar de abuso, que incluía insinuaciones sexuales, tocamientos no consentidos y manipulación psicológica.
Las denunciantes, representadas por el abogado Guillermo Dodds, han esperado más de cuatro meses para que se lleve a cabo la audiencia de formalización de la investigación. Aunque el caso estaba programado inicialmente para el 22 de noviembre, ha sido postergado en repetidas ocasiones por pedidos de la defensa del acusado, representada por Ernesto García Biagosch. La nueva fecha está fijada para el 3 de febrero de 2025, luego de que la audiencia del 23 de diciembre fuera cancelada porque la fiscal Ana María del Rosario Costa no estaba disponible.
Mientras tanto, el juez Alejandro Tomás dictó órdenes de restricción para proteger a las mujeres, prohibiendo al entrenador acercarse a menos de 500 metros de las denunciantes o contactarlas de forma directa o indirecta. Sin embargo, las víctimas temen que las dilaciones judiciales permitan la impunidad del acusado, quien continúa dando clases deportivas. “No queremos que esto le pase a ninguna otra chica”, declararon.
