La Plaza Independencia fue el escenario de una masiva concentración de docentes, médicos, terapeutas, niños, jóvenes y familiares de personas con discapacidad, que se manifestaron en el principal paseo público de la provincia en contra del ajuste presupuestario que aplicó el Gobierno Nacional a las instituciones que trabajan con niños, jóvenes y adultos con discapacidad.
Desde 2017 los prestadores de este tipo de servicio vienen denunciando el desmantelamiento del sistema de atención a las personas con discapacidad y, sobre todo, del segmento que cubre a quienes tienen pensiones no contributivas y carecen de cualquier obra social.
Este recorte presupuestario afecta principalmente a los profesionales de la salud, docentes y transportistas, quienes en su mayoría reclaman por el atraso en el pago de sus salarios y los recortes de personal en las instituciones.
“Estamos siendo víctimas del ajuste del Gobierno Nacional. Hace seis meses que no nos pagan los sueldos y hay 1.500 puestos de trabajo en riesgo. Como no nos pagan, no podemos sostener los servicios de los que depende la salud y la vida de muchas personas. El gobierno ya dijo que no hay posibilidades de pagarnos en el corto plazo”, se quejó Álvaro Aguilar, Director del Centro de Día Cusca Risun, donde asisten jóvenes con diferentes tipos de discapacidad. “Le pedimos al Gobierno Provincial que interceda en esta situación para acelerar los pagos”, suplicó.
Por otro lado, si bien aseguró que por el momento no se suspendieron las prestaciones de salud, señaló que en varias instituciones se hicieron recortes de personal ante la imposibilidad de seguir pagando los sueldos.
En cuanto al transporte, servicio básico para que las personas con discapacidad puedan asistir a centros de día, de salud e instituciones educativas, los choferes advirtieron que lamentablemente algunos comenzaron a suspender los traslados debido a que la falta de pago llevó al sector a una situación límite.
