El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación liderado por Federico Sturzenegger, ha emitido una resolución que obliga a los empleados públicos que cumplan con los requisitos para jubilarse a iniciar el trámite dentro de un plazo de 30 días. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 3/2024, busca optimizar los recursos estatales y reducir el tamaño del Estado en línea con el plan de reforma gubernamental.
La norma aplica a empleados que hayan cumplido 65 años y que puedan acreditar al menos 30 años de servicios con aportes en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Aunque no se aplica de manera directa a empresas estatales o sociedades con participación estatal, se recomienda su implementación en estas entidades. Además, hay excepciones para quienes ocupan cargos ejecutivos o cuya continuidad sea esencial para el funcionamiento de las áreas, siempre que sea justificado.
Los responsables de cada organismo deberán reportar el cumplimiento de esta medida a la Oficina Nacional de Empleo Público para asegurar el seguimiento del proceso. Esta resolución se fundamenta en la Ley de Bases, que declaró la emergencia pública en áreas administrativas y económicas, permitiendo al Ejecutivo tomar medidas para mejorar la eficiencia del Estado y reducir el déficit.
