Al menos 2.800 personas fallecidas siguen cobrando el plan asistencial Potenciar Trabajo a través de familiares o terceras personas. Además, otros beneficiarios tienen dos o más propiedades, según las declaraciones de Bienes Personales presentadas a la AFIP.
Ese informe, publicado de manera exclusiva por Infobae, fue realizado por el organismo recaudador a pedido del ex ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. La solicitud fue realizada el 30 de junio pasado, “a los fines estadísticos y de manera global, no individual” y del cruce de información “que se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa” se detectó que: “253.184 de ellos (el 18,30%) han efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 (el 2,56%) habían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos seis meses”.
Esa información se elevó al Ministerio de Desarrollo Social el 24 de octubre. Los documentos membretados llegaron 11 días después que Victoria Tolosa Paz jurara como nueva responsable del área en lugar de Zabaleta quien había decidido renunciar para reasumir como intendente de Hurlingham.
Luego de que se informe tomara estado público, la ex diputada ofreció una conferencia de prensa y afirmó que suspenderá “inmediatamente” los planes sociales otorgados en el marco del Potenciar Trabajo que hayan sido utilizados para la compra de dólares.
“Estamos entrecruzando la última base de datos del Potenciar Trabajo. Todo aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido inmediatamente”, aseguró la ministra ante los medios, y agregó: “Estamos trabajando para que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda tener entrecruzamiento y validación de incompatibilidades” y anticipó que “empieza un proceso de mucha transparencia a la hora de tener certezas sobre a quienes le estamos transfiriendo los recursos públicos”.
Hace 10 días, a través del decreto 728/2022, Alberto Fernández prohibió el ingreso de nuevos titulares al Potenciar Trabajo. La normativa también impide que las bajas de beneficiarios sean reemplazados. En el mismo texto, el Presidente decidió que las cooperativas de la economía Popular, que dependen de los movimientos sociales, en su mayoría oficialistas, accedan al 30% de la obra pública nacional de hasta $ 300 millones.
