Conmociona y asombra a la sociedad santiagueña la estrepitosa caída de tres de los jueces más adictos y obedientes al gobierno provincial. Fuentes anónimas indicaron a Visión Santiagueña que el trasfondo sería una devolución de gentilezas del mandamás santiagueño a sus “compañeros” tucumanos, el actual gobernador Juan Manzur y su socio político y antecesor, José Alperovich.
En el origen de esta oscura historia se encuentra el polémico empresario de medios Luis Pericás, propietario de uno de los grupos radiofónicos más importantes del norte argentino y especialmente de LV7, la radio más escuchada de Tucumán, un medio independiente del oficialismo tucumano e históricamente crítico del kirchnerismo.
Durante años, el ex gobernador Alperovich habría intentado torcer la línea editorial de LV7, con maniobras que incluirían la quita de la pauta oficial pese a tratarse de uno de los medios con más rating de la provincia.
Lejos de amilanarse, el excéntrico Pericás comenzó a litigar intensamente y a presentar recursos judiciales y extrajudiciales en diversos ámbitos a efectos de revertir la presunta discriminación de la cual era objeto su radio en materia de publicidad oficial, logrando años atrás un dictamen del Inadi en contra del gobierno tucumano.
Llegado el año 2015 y la campaña a gobernador en Tucuman, nuestras fuentes indican que el gobierno tucumano le habría ofrecido a Pericás la devolución de la pauta oficial por un monto de medio millón de pesos mensuales a cambio de censurar al candidato a gobernador del radicalismo, José Cano, y de despedir la locutora con más rating de la radio.
Pericás se habría negado a tal acuerdo, dando inicio a una batalla legal que incluyó la presentación de varios recursos de amparo ante algunos jueces santiagueños que fallaron favorablemente con medida cautelares, disponiendo embargos sobre la coparticipación tucumana a efectos de reponerle a LV7 los montos por pauta oficial supuestamente adeudados.
Manzur, el actual gobernador, habría estallado en ira ante tal atrevimiento de los magistrados santiagueños, exigiéndole al senador y gobernador de facto, Gerardo Zamora, se dé marcha atrás con los amparos y se ordene la devolución de la coparticipación retenida, además pedir la cabeza de Pericás para de una vez por todas hacerse con el control de la molesta LV7.
Según estas anónimas fuentes, antes que estallara el escándalo se habría filtrado un mensaje de uno de los vocales del Superior Tribunal santiagueño en el que se afirmaba, palabras más, palabras menos: “Dice Gerardo que a Manzur se le deben muchos favores. Tenemos que avanzar contra estos jueces y de paso dar una imagen de cambio en la justicia” habrían sido las palabras del alto magistrado.
El resultado casi inmediato fue un controvertido fallo del juez Dario Alarcón anulando las cautelares dictadas anteriormente por sus pares, a lo que siguieron pedidos de juicio político a los magistrados actuantes, las subsiguientes renuncias forzadas y los pedidos de detención inéditos en la historia reciente de nuestra provincia.
Cuan grandes habrán sido las supuestas acreencias de Zamora con Manzur es la gran pregunta, pues le costó prescindir de tres de los jueces más obsecuentes y serviles al Ejecutivo de la historia de Santiago del Estero.
Para finalizar, un detalle casi perverso: días antes de que se ordenara su detención, la jueza Martínez Llanos fue obligada a cumplir una última y vergonzosa instrucción como magistrada: suspender por segunda vez las elecciones docentes, facilitando así la bochornosa intervención del Consejo General de Educación.
Fuente: Visión Santiago
