El presidente Javier Milei anunció la firma e implementación de un megadecreto que desregula profundamente la economía. Este decreto revoca varias leyes, reforma algunas y permite la privatización de empresas públicas. Sin embargo, esta decisión está siendo cuestionada tanto por la justicia como por el Congreso.
Expertos en Derecho Constitucional, como Daniel Sabsay y Antonio María Hernández, señalan que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no cumple con requisitos clave de la Constitución, argumentando que no hay circunstancias excepcionales que justifiquen su emisión.
Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, advirtió previamente sobre la necesidad de delimitar las medidas de la nueva administración y destacó que los jueces no pueden intervenir en decisiones políticas.
En cuanto a la vigencia del DNU, el abogado Gustavo Arballo destaca un detalle sobre la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Aunque el DNU rige desde su publicación, la falta de una declaración específica podría plantear interpretaciones sobre su validez actual.
El proceso legislativo para el DNU implica la presentación ante la Comisión Bicameral de los DNU del Congreso, pero la nueva composición legislativa presenta desafíos. Esta comisión debe revisar la pertinencia del decreto, que luego debe ser aprobado o rechazado por ambas cámaras, sin posibilidad de modificaciones.
Fuente: La Gaceta
