El Gobierno ha decidido postergar nuevamente la eliminación de subsidios en las tarifas de luz y gas como parte de su estrategia para lograr un superávit fiscal. La implementación de la Canasta Básica Energética (CBE), inicialmente programada para abril y luego retrasada a mayo, ahora se espera para junio o julio.
Según fuentes oficiales y del sector energético consultadas por Infobae, esta demora se debe a las dificultades en el cruce de datos necesarios para determinar qué hogares seguirán recibiendo asistencia en sus facturas de energía. La Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía están trabajando en este proceso.
El Ministro de Hacienda, Luis Caputo, había previsto un recorte del gasto en subsidios equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) este año, sumado a otro 0,2% del PBI por el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, la situación social ha empeorado, lo que ha llevado a buscar un ajuste diferente.
Inicialmente, el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluía aumentos del 200% en las tarifas de electricidad y del 150% en las de gas, con el objetivo de cubrir el costo total de la energía en abril, excepto para los hogares más vulnerables. Sin embargo, la mayoría de los usuarios seguirán pagando menos del 10% del costo real del servicio, ya que el ajuste recae principalmente en los hogares de altos ingresos, comercios e industrias.
La implementación de la CBE busca cubrir las necesidades básicas de consumo de electricidad y gas de los hogares, adaptadas según su ubicación geográfica y su nivel socioeconómico. Aunque estaba prevista para abril y luego se retrasó a mayo, se estima que estará operativa a partir de junio.
La principal dificultad radica en el cruce de datos entre el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) implementado por el Gobierno anterior y los deciles socioeconómicos del Indec. Esta medida pretende subsidiar parte de la factura según el decil poblacional al que pertenezca cada hogar, aunque la idea final es que todos paguen el costo real de la energía.