Tras una extensa reunión que mantuvieron representantes del Gobierno y técnicos de las cámaras empresarias y los gremios este martes en la sede de la cartera laboral de la Avenida Callao, finalmente hubo consenso en torno a la letra chica del decreto que obligará al sector privado a pagar una “compensación salarial” de $ 5.000 durante el mes de octubre.
En el artículo 1º del decreto se establece una “asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado que ascenderá a la suma de $5.000, la cual se abonará en octubre de 2019, o en los plazos, cuotas o condiciones que establezcan las partes signatarias de los convenios colectivos”.
Es decir que las empresas deberán pagar este bono para todos los empleados, no sólo los que se encuentran bajo convenio colectivo, pero da la posibilidad de que en los sectores más complicados puedan negociar con sus respectivos sindicatos la forma de pago.
Desde la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) valoraron esta posibilidad e insistieron en la necesidad de que por lo menos el pago pueda negociarse en 5 cuotas.
El artículo 2º del decreto establece que si la jornada laboral es reducida, la compensación salarial será proporcional a esa cantidad de horas trabajadas. El 3º, en tanto, plantea que la suma de $5.000 se compensará en las próximas revisiones salariales y que los empleadores que hubieran otorgado unilateralmente un bono luego del 12 de agosto (es decir, a raíz del impacto devaluatorio) podrán ser compensados.
Por último, el artículo 4º afirma que están excluidos de esta compensación los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, así como también los del sector agrario y los de casas particulares, es decir, el personal doméstico.
