En medio de un contexto de ajustes, reformas, despidos y tarifazos, las organizaciones sociales y de la economía popular advierten sobre la situación de crisis que afecta al sector. Denuncian los coletazos de las modificaciones en el programa “Argentina Trabaja”, ahora “Hacemos Futuro”, y la pérdida de la posibilidad de generar empleo genuino. Represalias del Gobierno Nacional para con las organizaciones sociales.
Tras la lucha de las organizaciones sociales y de la economía popular, en diciembre del 2016 el Senado aprobó por unanimidad el proyecto que declaraba la Emergencia Social en todo el territorio argentino, reglamentando finalmente en marzo del 2017 la ley N° 27.345, mediante el decreto 159/2017. Se establecía entonces la prórroga de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019, para detallar las funciones y objetivos del Consejo de la Economía Popular y los parámetros para la asignación del Salario Social Complementario, ambos dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. El documento obligaba al Gobierno de Mauricio Macri a desembolsar 30 mil millones de pesos en el presupuesto nacional hasta el final de su mandato para fines sociales.
Mientras tanto, desde diciembre de 2015 el número de titulares del programa Argentina Trabaja creció un 63,7%. En una primera etapa, la mayoría de las cuadrillas de beneficiarios se ocuparon, principalmente, de la limpieza de calles o de pequeñas obras. Hubo otras que desarrollaron talleres de herrería o de bloques. El objetivo original de la iniciativa era que la capacitación y la contención social derivaran en la formación de pequeñas empresas, tras un determinado plazo.
Tucumán se posicionó como la segunda provincia con mayor número de beneficiarios a nivel país, con un 7% del total. En primer lugar se encuentra la Provincia de Buenos Aires, con un 76,3% del total, y en tercer lugar Chaco, con el 2,9 por ciento.
Si bien la ley de presupuesto 2017 preveía gastos por $12,2 mil millones destinados a este programa y $16,2 mil millones para el 2018, desde las organizaciones sociales y de la economía popular denuncian falta de recursos y fomento para el sector.
Asimismo, advierten que, a partir de las nuevas modificaciones implementadas desde el gobierno nacional sobre el programa, los beneficiarios se ven perjudicados en relación a la obtención de empleo genuino, mientras las cooperativas se ven amenazadas en su capacidad de organización.
A principios de este año el programa nacional de ingreso social con trabajo “Argentina Trabaja”, pasó a llamarse “Hacemos Futuro”, junto al programa “Ellas Hacen”. Los beneficiarios continuarán percibiendo 4.800 pesos mensuales, aunque ahora están obligados a terminar los estudios y participar de la formación en oficios. Al tiempo que serán suprimidas las tareas sociocomunitarias dentro del programa, es decir que ya no se realizarán tareas como el arreglo de iglesias y comedores, o la construcción de veredas.
En Tucumán, alrededor de 30 mil beneficiarios están distribuidos en tres unidades ejecutoras estatales y dos civiles. Por un lado, las que pertenecen a la Provincia y los municipios de la Capital y Yerba Buena. Y por otro, las que están bajo la órbita de las fundaciones León y del Bicentenario.
Una clara amenaza contra las organizaciones sociales que afecta el cooperativismo y la economía popular
Desde las organizaciones sociales advierten que las cooperativas de trabajo y el sector de la economía popular se encuentran en crisis. Según explican, “las modificaciones implementadas desde el gobierno nacional sobre los programas resultan una clara decisión de debilitar a las organizaciones sociales”, comenta Omar Díaz, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
“La situación en este momento es malísima, porque la avanzada del neoliberalismo genera cada vez más desocupación o trabajo precarizado. Los programas sociales no están cumpliendo con la ley de Emergencia Social que contemplaba generar puestos de trabajo, y así estamos después de dos años de haberse firmado la ley. Están surgiendo cada vez más programas de capacitación, pero las cooperativas estas desactualizadas, porque lo que quieren justamente es descooperativizar, que la gente no tenga la alternativa de reunirse y organizarse para dialogar y tener una iniciativa para salir adelante por un bien común”, expresa Díaz.
Para Rubén Portas, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el programa Hacemos Futuro “es una mentira tras mentira, porque no se garantiza un plus para que puedan realizar tareas útiles”.
“Por ejemplo, acá en Alberdi hicimos 170 viviendas, 80 módulos, muchos mejoramientos, en la medida que hemos podido aprovechar esos programas. Por lo menos las familias humildes que no pueden resolver el tema de la vivienda han quedado con algo, pero ahora este plan es sin financiamiento. Desde el gobierno nacional agarraron esa plata, y ahora los mandan a estudiar, y esa no es la solución, aquí hay hambre”, advierte el dirigente de la CCC. “De golpe cambiaron el objetivo y de ese modo se ahorran el gasto de todo lo que es infraestructura, monotributo, herramientas y producción. Por lo tanto, no hay una real economía social”, agrega.
Portas explica que “con mano de obra barata, sin obra social, sin ART, sin ninguna responsabilidad puede haber trabajadores por todos lados, entonces en realidad necesitamos un plan de desarrollo nacional. Si bien estos planes nos permiten resolver algo, mínimamente, del hambre, en realidad no hay desarrollo para el país”.
En ese sentido Hugo Heredia, referente de la Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónomas – Frente Popular Darío Santillán (COBA – FPDS), coincide en señalar las repercusiones negativas de las modificaciones del programa: “Le han quitado a este programa el trabajo, elemento organizador para la vida cotidiana de cualquier persona, y que permite la supervivencia del ser humano”. “Quitarles a las organizaciones sociales la posibilidad del trabajo y quitarles a los beneficiarios la posibilidad de retribuir algún tipo de actividad, significa un gran retroceso fruto de un proyecto de derecha neoliberal”, enfatiza el dirigente.
Por otro lado, Heredia señala otro problema en puerta a partir de las nuevas reformas del programa: “Hay un desconocimiento de la realidad por parte del gobierno, porque mandan a estudiar a los beneficiarios como un requisito, y en muchas localidades no hay escuela secundaria. Incluso en algunos lugares donde sí hay escuela secundaria, por ejemplo, Las Talitas o Tafí Viejo, están saturadas, no hay asiento”.
“Hay compañeras y compañeros que hace muchos años dejaron los estudios y no hay ningún tipo de acompañamiento pedagógico que les permita una reintegración plena, integral, a la escuela. Sabemos que quienes tienen mayores dificultades para con el estudio son las personas más pobres, porque tienen que hacer otro tipo de tareas para subsistir. Hay gente que trabaja en obras de construcción, o en la cosecha del limón, que tienen dificultades para continuar con el trayecto educativo. Esta no puede ser una modificación caprichosa, tiene que ser una política de educación del gobierno nacional y a nivel provincial”, agrega.
“La situación es alarmante”, advierte Heredia, quien comenta que “muchos beneficiarios han sido suspendidos o se han caído”.
Asimismo, Portas señala que “hay un manoseo por parte del Gobierno”, al tiempo que explica que “había 480 cooperativas en Tucumán, ahora no se si quedan 20 en total, pero en realidad están sin trabajar desde hace 4 años”.
Desde la CTEP insisten en que “la cooperativización está siendo perseguida, castigada por el gobierno nacional, y los beneficiarios cada vez tienen menos opciones, generando una desocupación total. El panorama es cada vez peor. Este es un mal año generalizado, donde los ex cooperativistas, ahora desocupados, se afianzan en las organizaciones sociales”.
“A nivel provincial nos estamos reestructurando, la idea es seguir articulando en algunos proyectos que son de producción y otros que son de contraprestación en el sentido cultural o en lo que es lo comunitario. Todavía no pudimos trabajar sobre infraestructura, porque dependen de otro ente ejecutor, pero vamos a hacerlo”, detalló Díaz.
Por su parte, Portas destaca otro hecho importante: “En un contexto de crisis, sobre la base de la necesidad concreta, han ido surgiendo una gran cantidad de autoempleo, como los trapitos o los cartoneros. Esto, con un plan Argentina Trabaja como era hasta antes de las modificaciones, podía tener por lo menos obra social, a partir del monotributo. Pero ahora ni eso”.
“Lo que se pretende ahora es cooptar a la gente y que no esté organizada en el territorio, bajo una unidad, para defender sus derechos como trabajadores de la economía social y popular. Porque las organizaciones sociales hemos sido siempre un actor de peso político importante, para oponernos a la reforma previsional, al ajuste. Por eso es que creemos que se trata de una maniobra del gobierno nacional, para debilitar a este sector”, reitera el dirigente de la COBA.
En este contexto, es que Heredia invita a participar de la actividad que llevarán a cabo desde el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional y la COBA, este miércoles 25, durante la mañana, junto a algunas cooperativas. Primero realizarán una movilización hacia la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y después a Casa de Gobierno. Una vez en la plaza Independencia, realizarán una radio abierta con representantes de la economía popular, y montarán un merendero, mientras las cooperativas exhiben sus trabajos.
* Informe publicado en apaprensa.com
