El juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral y público la investigación conocida como “Dólar Futuro” en la que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.
El magistrado considera que la ex mandataria cometió el delito de fraude, al ordenar que se hagan operaciones con el dólar en el mercado de futuro a un precio muy por debajo del mercado, una situación que -tras la devaluación que sinceró el tipo de cambio- obligó al Estado a pagar la diferencia entre el valor real y el del billete al momento del cierre del contrato, lo que provocó una millonaria pérdida para el fisco.
Según Bonadio, esa maniobra por parte del BCRA “excedía la capacidad de decisión burocrática de sus directivos (y) no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional“.
Cristina Elisabet Fernández de Kirchner –junto con otras 11 personas–, fue acusada por el supuesto delito de “defraudación a la administración pública”, prevista en el artículo 174 del Código Penal, que fija penas entre dos y seis años de prisión para quien estafara al Estado ocasionándole pérdidas.
Por otro lado, Bonadio señala que la ex presidente encabeza una “asociación ilícita”. Para el juez, cabe a la ex mandataria como hecho grave “formar parte de un grupo de funcionarios… que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y técnico-administrativas y cuyas características se describirán más adelante, en violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos”.
Bonadio describió en la acusación que esas decisiones eran “conducentes a que el BCRA concrete operaciones en el mercado de dólar futuro –mercados de ROFEX -Mercado a Término de Rosario- y MAE -Mercado Abierto Electrónico– en condiciones dañosas para el erario público ya que entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado Nacional”.
El magistrado está seguro de que la ejecución de esa gestión fue “irregular, ilegal e ilegítima” porque tenía “el objetivo de mantener forzadamente bajo el valor de la moneda estadounidense en el mercado marginal de compra/venta durante la gestión del gobierno que finalizó el 9 de diciembre de 2015, a sabiendas de que los vencimientos de los contratos operarían durante la siguiente administración que debía asumir el 10 de diciembre de 2015 y a despecho de los evidentes perjuicios que estas operaciones provocarían a futuro“.
Se estima que por este artificio, el BCRA tuvo una pérdida de 77 mil millones de pesos. En esta causa también están imputados el ex ministro de Economía y actual diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof, el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli y el integrante del directorio del Banco Central Pedro Biscay, entre otros.
