El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, esbozó una particular solución para la superpoblación del sistema carcelario: que los presos reciban una reducción de las penas a cambio de prestar servicios para el Estado.
Actualmente, más de 4.300 detenidos se encuentran alojados en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, cuando la capacidad total es de 1.700. Algo muy parecido sucede en las cárceles nacionales, donde hay unos 49.400 internos frente a las 24.000 plazas disponibles.
Por este motivo, Berni propone la implementación de un programa que ya se está aplicando en Brasil: un proyecto que establece la reducción de un año de condena por cada año que los presos trabajen para el Estado construyendo viviendas, haciendo escuelas u otro tipo de labores.
De todas formas, no trascendieron detalles de a quiénes beneficiaría este proyecto. Allí apuntan las primeras críticas: reclaman que este programa no alcance a detenidos por delitos graves como violaciones y asesinatos.
En declaraciones al programa Intratables, el ministro sostuvo que “de nada sirve liberar presos sino tenemos una mirada reparadora” y que las personas que salgan de la cárcel tienen que tener la capacidad de insertarse en la sociedad y no puede ser el mismo Estado el que los excluya.
