Todo hacía pensar que el alperovichista Guillermo Gassenbauer, vicepresidente 1° de la Legislatura, iba a lograr el sobreseimiento en una causa por presuntas anomalías en el manejo de recursos del programa federal “Argentina Trabaja”. El juez federal N° 2 de Tucumán, Fernando Poviña, había dispuesto en febrero de 2015 el archivo del expediente. Pero el jueves de esta semana, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó que se prosiga con el trámite de la causa.
El tribunal reprochó la decisión de Poviña de desestimar la denuncia de Paola Alejandra Ruarte, la dirigente barrial que respondía a Gassenbauer. “Entendemos que el cierre de la pesquisa resulta prematuro (…), debiendo el señor juez de grado disponer lo conducente para la obtención de los medios probatorios que respalden fácticamente la existencia o inexistencia del hecho ilícito objeto de la presente investigación”, indicaron los camaristas Ricardo Mario Sanjuán, María Josefa Cossio y Ernesto Clemente Wayar, quien en su voto particular dejó asentados además otros cuestionamientos a la pesquisa. Luego, le requirieron a Poviña que solicite a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) la realización de un informe, en el plazo de 90 días, referido a todos los fondos girados entre 2011 y 2012 a la cooperativa de trabajo “Narciso Laprida”.
Según la denuncia de Ruarte, Gassenbauer está vinculado a ese grupo laboral y, por su intermedio, se cometieron presuntos delitos contra el erario en la construcción y reparación de obras en entidades públicas y deportivas.
Ruarte, oriunda de Villa 9 de Julio, era una dirigente afín a Gassenbauer. Según la denunciante, fue designada como directora de la cooperativa “Narciso Laprida” para la ejecución de obras en el marco del “Argentina Trabaja”. Se desempeñó en ese grupo laboral entre 2011 y 2014, cuando concurrió a la Justicia federal, asesorada por el dirigente radical Juan Roberto Robles.
La denunciante aseguró que había detectado su firma falsificada en expedientes para la compra de materiales. Y aseguró que ninguna de las tareas señaladas como ejecutadas habían sido concluidas por la cooperativa.
Además, aportó una grabación casera en la que, según su versión, dialoga con el legislador Gassenbauer. En el audio, Ruarte plantea que ha llegado “una auditoría de Buenos Aires” y expresa su preocupación. “¿Cómo justificamos el año 2011, 2012 y la mitad de 2013?”, indaga la mujer, respecto a balances que les debía entregar a los contadores. Luego se escucha una voz, que según Ruarte pertenece a Gassenbauer, que afirma: “eso (por la regularización) lo está viendo (la entonces ministra de Desarrollo Social, hoy senadora Beatriz) ‘Betty’ Mirkin. Lo va a arreglar”.
En otro párrafo, el hombre grabado agrega: “Paula, yo te voy a decir una cosa: (en) el 100% de las cooperativas hay irregularidades y hay quilombos (sic). Vos sabés que hay gente que se ha hecho una casa entera con cooperativas. Legisladores que ya no están, (…) que se han hecho casas para ellos. Imaginate si no hay anomalías”.
El oficialista Gassenbauer negó que su voz fuera la de la grabación. Además, rechazó que haya tenido vínculos con cooperativas.
El juez federal Poviña dispuso el archivo del expediente en 2015. Según el magistrado, no existían constancias “que permitan corroborar los dichos de la denunciante”. Pero el fiscal federal N° 2, Pablo Camuña, recurrió la sentencia ante la Cámara Federal de Apelaciones. El tribunal le dio la razón al representante del Ministerio Público respecto de que la causa tiene aún puntos pendientes de investigación.
Sanjuán, Wayar y Cossio recordaron en la sentencia que “luego de la sustanciación del proceso no corresponde rechazar el requerimiento fiscal de instrucción por inexistencia de delito”. Analizaron además una serie de normativas referidas al programa “Argentina Trabaja”. Y consideraron pertinente la concreción de un control integral por parte de la Sigen sobre los fondos transferidos a la cooperativa “Narciso Laprida” en 2011 y 2012.
El juez Wayar, en su voto, agregó que hay un “cúmulo de pruebas” que aún deben ser investigadas. Mencionó un informe de Gendarmería Nacional sobre las supuestas conversaciones y pericias caligráficas sobre las firmas presuntamente apócrifas, entre otras. Así, la causa que investiga al vicepresidente 1° de la Legislatura regresará al juez Poviña.
Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/672392/politica/retomaran-caso-federal-contra-gassenbauer.html
