El día que desapareció, el 14 de julio de este año, el oficial ayudante de la Policía de Río Negro Lucas Muñoz salió de su casa para ir a trabajar a la comisaría 42 de Bariloche. Los testigos lo vieron bajar del colectivo, caminar rumbo a la comisaría, saludar a dos de sus compañeros y luego conversar con el conductor de un auto gris. Eso fue a las 13:20. Desde allí, su rastro se pierde. Lo que hay es una causa judicial, varios policías imputados y tres detenidos, dos de ellos acusados de hacer un allanamiento ilegal para entorpecer la investigación. El último de esos detenidos, el oficial Luis Daniel Irusta, también está involucrado en la causa por la desaparición de Daniel Solano, un trabajador golondrina secuestrado por policías en 2011 en Choele Choele.
La noche en la que Muñoz desapareció, los oficiales Irusta y Maximiliano Morales se presentaron en su casa para hacer un allanamiento informal, sin orden de nadie. Durante una hora revisaron su computadora y artículos personales bajo la mirada de la novia del policía. La investigación todavía no había comenzado, y la justicia sospecha que los agentes plantaron pistas falsas.
En paralelo y a 600 kilómetros de Bariloche, en Catriel, el policía Néstor Meyreles compró un teléfono y un chip con el nombre y el número del DNI del policía desaparecido. Cuando los investigadores llegaron hasta él y lo detuvieron, declaró que lo había hecho por pedido de un policía de Bariloche, para “colaborar con la investigación”. Hasta el momento, no trascendió si ese policía que hizo el pedido está entre los siete agentes sospechados por el caso. Si está claro, para la justicia, que fue otro intento de sembrar pruebas falsas para desviar la investigación, y que el oficial que compró el chip conocía a Muñoz: durante un tiempo, habían compartido destino en Bariloche.
“Hay mucha corrupción en la Policía, por eso desapareció Lucas y por eso no investigaron como debían”, dijo la semana Paula Muñoz, la herma del desaparecido. La mujer contó Muñoz estaba pidiendo un traslado por “las cosas que veía, que estaban relacionadas con las drogas y la desaparición de Micaela Bravo”, una mujer de 28 años que apareció muerta en marzo a pocos metros de la comisaría, en un lugar donde se habían hecho rastrillajes. “Mi hermano se quería ir a Viedma para estar con los hijos, pero empezó a ver cosas raras y le pidió a sus jefes que al menos lo saquen de la 42a”, dijo la mujer.
Además de los policías detenidos, fueron apartados de su cargos los comisarios David Paz, Manuel Poblete, Jorge Elizondo, José Jaramillo y el oficial Julián Morales. La causa está en manos del Juez Bernardo Campana y el fiscal Guillermo Lista.
El oficial subinspector Luis Daniel Irusta estuvo imputad junto a otros 23 policías por entorpecer la causa Solano, desaparecido en noviembre de 2011 luego de ir a un boliche de Choele Choel. El ex fiscal de la causa contó que Irusta hizo ver filmaciones de la terminal de Neuquén al padre del trabajador desaparecido, para intentar convencerlo que allí aparecía la imagen del joven salteño.
Foto: Gentileza anbariloche.com.ar
fuente:cosecharoja.org
