El último decreto de necesidad y urgencia firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo en respuesta a las recientes peleas entre estudiantes ha generado polémica y fuertes críticas por parte de abogados especialistas en derechos humanos y periodistas. La medida, que busca tomar medidas drásticas para frenar la violencia callejera entre jóvenes, ha sido cuestionada por su posible inconstitucionalidad y efectividad.
“El decreto del primer mandatario provincial faculta a agentes de la Policía de Tucumán para detener y alojar a jóvenes en edad no punible (menores de 16 años) en espacios de cautiverio como comisarías, alcaidías y hasta el penal de Villa Urquiza”, expresó la abogada Florencia Vallino, directora ejecutiva de ANDHES (Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
Además, Vallino criticó el castigo a los padres de los menores, especialmente aquellos que trabajan en la administración pública, destacando la falta de claridad en la normativa y sus posibles implicancias legales. La abogada también mencionó la influencia de discursos de odio en la sociedad, incluidos los provenientes de autoridades gubernamentales, como un factor que contribuye a la violencia entre jóvenes.
Por otro lado, la periodista Mariana Romero expresó: “Aparentemente, la mejor forma de quitarle la agresividad a un adolescente no es educarlo, es más, hay que prohibirle la educación. Así, por obra de las fuerzas del cielo, mágicamente dejará de pelearse en las calles y se convertirá en un ciudadano de bien”.
Aparentemente, la mejor forma de quitarle la agresividad a un adolescente no es educarlo, es más, hay que prohibirle la educación. Así, por obra de las fuerzas del cielo, mágicamente dejará de pelearse en las calles y se convertirá en un ciudadano de bien. pic.twitter.com/dTioEGQg9r
— Mariana Romero (@MarianaR31) May 10, 2024
