El Equipo Latinoamericano de Justicia y Genrero (ELA) presentó un estudio inédito en nuestro país sobre las experiencias de legisladoras que busca visibilizar la violencia de género que impide la plena participación de las mujeres en la política.
El 73% de las legisladoras consultadas dijeron haber sufrido violencia política por razones de género, porcentaje que aumento (al 82%) luego de preguntarles por situaciones concretas. Ocho de cada diez de las encuestadas dijeron haber sufrido alguna acción vinculada con la violencia machista a lo largo de su carrera política: a través de las redes sociales (62%), en la sede o actividad del partido (42%) y en el recinto (40%). Las agresiones provienen principalmente de varones, sin importar el partido político.
El 67% de las legisladoras reconoció haber sufrido situaciones de “violencia psicológica”. El menosprecio, la falta de voz y la humillación, fueron las formas más repetidas. Otros tipos bastante frecuentes son la simbólica (28%) y la económica (22%).
En tal sentido, La investigación revela que el 64% de las entrevistadas fueron amenazadas o intimidadas durante su participación en política; al 58% se le impidió que asista a reuniones importantes; al 53% le restringieron el uso de la palabra en reuniones e incluso 27% percibe un ingreso salarial menor por su condición de género.
En el 38% de los casos las situaciones de violencia política se dieron mientras eran militantes. El 53% de las encuestadas dijo que había sufrido situaciones en las cuales se había divulgado información basada en su género y no en su actividad política con el objeto de menoscabar su imagen pública.
La investigación fue desarrollada entre enero de 2017 y junio de 2018, y reúne 45 casos incluyendo legisladoras porteñas y legisladoras nacionales pertencientes a todos los partidos del arco político y de 11 provincia: Buenos Aires, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, Santa Fe, San Juan, Mendoza y Misiones.
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Una ley contra la violencia política
La ley modelo de violencia política de la OEA la define como “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica”.
La Argentina es uno de los 10 países de América Latina donde se presentaron propuestas para reconocer y abordar la violencia política contra las mujeres. Hay cinco son los proyectos presentados en la Cámara de Diputados, y uno en el Senado, que buscan incorporar la modalidad de la violencia política contra las mujeres en la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia machista en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales, sancionada en 2009.
