El gobierno de Javier Milei reglamentó este martes la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia, permitiendo a las empresas mayor libertad para fijar precios, modificar o eliminar rutas no rentables, entre otros cambios. Esta medida busca simplificar un sistema que, según las autoridades, era excesivamente burocrático y restringido, mientras se mantienen los estándares de seguridad.
La nueva normativa, oficializada mediante la Resolución Nº 57/2024 y firmada por la Secretaría de Transporte, Franco Mogetta, establece un sistema digital y gratuito para el registro obligatorio de empresas y servicios a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). A partir del 11 de diciembre, los transportistas deberán cargar información clave sobre sus vehículos, conductores y seguros, recibiendo en un plazo de cinco días el Certificado de Alta de Transportista, necesario para operar.
Además, quienes ya están prestando servicios tendrán 60 días para inscribir sus actividades en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros (RNTAP). Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, este cambio permite que cualquier interesado pueda ofrecer servicios de transporte informando sus recorridos, horarios y vehículos en línea, con la posibilidad de realizar modificaciones sin largos trámites burocráticos.
La medida también apunta a aumentar la oferta y la competencia en el sector. Antes, ajustar un recorrido podía tardar hasta un año; ahora, solo se requiere notificar cambios con 15 días de antelación. A pesar de la flexibilización, se mantienen las exigencias de seguridad, revisión técnica vehicular y accesibilidad para los vehículos.
En paralelo, el Gobierno sigue tomando medidas contra las empresas que incumplen la normativa de ofrecer pasajes gratuitos a personas con discapacidad, un derecho respaldado por la Justicia. A pesar de sanciones económicas y una resolución judicial, Transporte advierte que algunas compañías aún no cumplen con esta obligación, lo que podría derivar en nuevas acciones sancionatorias.
