La noticia del supuesto caso de violencia escolar en Lules (un profesor que habría estrangulado a un alumno) conmocionó Tucumán y repercutió en todo el país. La familia del joven que asiste a la Escuela Técnica N°1, denunció penalmente al educador, que fue apartado de su cargo.
En los días que siguieron, se escucharon muchas voces opinando sobre el suceso: compañeros del curso, padres, ex alumnos incluso la institución misma, que emitió un comunicado. Solo faltaba que se haga oír uno de los protagonistas de la turbulenta historia.
Luis Néstor Véliz es el educador acusado de sujetar al alumno E.J.G. por el cuello hasta que el adolescente quedó desvanecido, el 26 de abril pasado. Tras la viralización de la noticia, el maestro utilizó la red social Facebook para ensayar un descargo y se sumergió en el silencio.
Fue su abogado el que se encargó de hablar en su favor. “Es verdad que mi cliente contuvo a E. para que no pelee con un compañero, pero no existió la famosa llave de estrangulamiento, ni descompensación ni convulsiones”, explicó tajante Pablo Rivera, para luego enfatizar que su patrocinado “psicológicamente está muy mal, afectado por toda la agresión que ha sufrido y por toda la situación”.
Según lo que dijeron compañeros del denunciante, todo arrancó como una escaramuza inofensiva, que se agravó cuando el docente pensó que E. y otro estudiante estaban peleando. “El profe lo agarró del cuello. E. parecía que estaba muriendo; no podía hablar. Cuando lo tenía entre las manos, le dijo a mi compañero ‘si te seguís moviendo te voy a apretar más fuerte’. Después E. cayó sobre una silla, se golpeó y se desmayó. […] se despertó asustado y sin hablar. Le temblaban la mandíbula y el brazo derecho; se intentó levantar y no le reaccionaban los brazos, entonces se volvió a caer”, coincidieron.
Lo que niega el abogado, es la parte en la que el estudiante se habría desmayado. “Nunca se produjo el desvanecimiento; tenemos de testigos a alumnos y a un docente, que ya han sido ofrecidos a la Fiscalía para que se les tome declaración. Concretamente, este alumno denuncia la agresión, pero se quedó en la escuela; completó su tarea escolar hasta las 12 del mediodía. Nunca pidió ser atendido por ningún médico, ni se solicitó la cobertura del seguro escolar. En la denuncia penal, nunca se presentaron ante el médico forense para constatar las lesiones. Por lo tanto, consideramos que ha sido una denuncia infundada y es eso lo que vamos a hacer valer en la sede penal y en la administrativa”, remarcó.
Cabe recordar que al día de hoy existen dos procesos: una investigación penal en Tribunales por la presentación que hizo la familia, y en paralelo -luego de haber apartado a Véliz de su cargo- se inició una indagación administrativa en el Ministerio de Educación de la Provincia.
Rivera aclaró que no piensan pedir nada “en contra de la familia” del chico, pero que él y su defendido solicitarán el sobreseimiento en la sede penal porque “no ha habido ningún tipo de agresión de tal magnitud que le produzca desmayo o convulsiones, como se dijo”.
Al mismo tiempo, destacó que su cliente “no tiene antecedentes penales ni institucionales, y lo que se hizo (apartarlo) es según el protocolo que hay que seguir -aseguró-; nosotros vamos a ir con pruebas escritas a la Justicia. Si se lo encuentra inocente, tienen que restituirlo en el cargo. Si se lo encuentra culpable, se aplicarán las sanciones que correspondan”.
El defensor ensayó un relato cronológico de los hechos para hablar de una segunda denuncia. “El incidente sucedió el miércoles. El jueves hubo desinfección y el viernes se produjo otro problema: la familia y padres de otros alumnos se presentaron en la escuela. Hubo incluso padres de chicos que no son estudiantes de Véliz. Empezaron, de forma violenta, a irrumpir en las clases que se estaban desarrollando, y comenzaron con agresiones verbales y físicas a los docentes. Todo eso lo tenemos grabado y ya lo hemos presentado”, adelantó, refiriéndose a imágenes que circularon en las redes como un escrache a Véliz.
Esa segunda denuncia, que ya se encuentra en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, fue hecha por las autoridades. “La ley 9.010 establece que el delito de una amenaza o lesiones se agrava cuando te presentás en un establecimiento escolar y en forma violenta irrumpís o agredís a un docente”, comentó y dijo: “estamos pidiendo medidas cautelares contra todas estas personas, que ya las tenemos identificadas. Además, vamos a iniciar acciones civiles en contra de las personas que han hecho publicaciones en las redes sociales, difamando a mi cliente. Tenemos capturas; se lo culpó de un montón de hechos en los que no ha participado”.
