El gobierno de Javier Milei anunció que eliminará más de 120.000 pensiones por invalidez laboral en los próximos meses, como parte de un plan para depurar el sistema y eliminar irregularidades en la concesión de estos beneficios. Esta medida, impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se basa en auditorías que revelaron que muchos beneficiarios no cumplen con los requisitos para recibir esta asistencia estatal.
La decisión forma parte de una auditoría exhaustiva de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, liderada por Diego Spagnuolo, director de ANDIS. Se estima que entre 120.000 y 160.000 pensiones podrían ser suspendidas, afectando a casi la mitad de los beneficiarios registrados. Esta medida tiene como objetivo asegurar que solo las personas que realmente necesiten este apoyo continúen recibiéndolo y corregir las irregularidades detectadas, como la posesión de bienes no declarados o empleo formal.
El proceso de revisión, que comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha extendido a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país. Las auditorías han identificado que entre el 30% y el 40% de los casos revisados podrían resultar en la suspensión de los beneficios, con base en la detección de documentación médica falsificada, concesión de pensiones a personas que no cumplen con los criterios de invalidez laboral, y otras incompatibilidades significativas.
El gobierno subraya que estas pensiones son incompatibles con otros beneficios estatales, como la Asignación Universal por Hijo, y que la depuración busca corregir irregularidades heredadas de administraciones anteriores. La revisión continuará, y los beneficiarios que no cumplan con los requisitos establecidos verán suspendidos sus beneficios, como parte de los esfuerzos de la administración Milei para reducir el déficit fiscal.
