Una niña de 7 años, Kiara Jazmín Caro, murió ahogada en el río de Lules en la madrugada del 2 de marzo. Su madre, Daniela Fernanda Ávila, de 24 años, fue detenida e imputada por abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo. Según la acusación, Ávila dejó a la niña sola en medio del río y decidió regresar a los corsos. Por este motivo, la justicia le dictó prisión preventiva por tres meses.
De acuerdo con la investigación, Ávila y su hija estaban en los corsos del barrio Ex Ingenio de Lules, pero tras una discusión con su pareja, la mujer decidió irse con la niña. Para llegar a su destino, intentó cruzar el río a pie por la zona de Puente Negro, a pesar de que el caudal estaba crecido. Según la acusación, dejó a Kiara en medio del cauce sin ayudarla ni pedir auxilio.
Alicia Chazarreta, madre de Ávila, declaró que su hija le contó a las 3:30 que había intentado cruzar el río y que allí había perdido a la niña. Sin embargo, cuando denunció el hecho en la comisaría a las 5 de la mañana, dijo falsamente que su hija había caído desde un puente de la ruta 301, lo que retrasó la búsqueda. El cuerpo de la niña fue hallado más tarde en otro sector del río.
El fiscal Pedro Gallo, a cargo del caso, destacó la gravedad de la acusación: “La víctima fue dejada sola en medio del río, sufriendo golpes y agonizando, mientras la imputada optaba por volver a los corsos”. También señaló que Ávila obstaculizó la investigación al dar información errónea sobre lo sucedido.
El informe de la autopsia confirmó que Kiara murió por asfixia por inmersión. Además, presentaba golpes en la cabeza, aunque el forense determinó que estos no fueron la causa del fallecimiento, sino que posiblemente se debieron al arrastre del agua.
Varios testigos declararon que vieron a Ávila regresar sola a los corsos y que se la notaba alterada y sin poder explicar dónde estaba su hija. Otros testigos indicaron que, al llegar a la comisaría, la mujer estaba confundida y en un posible estado de ebriedad.
El abogado defensor, Guillermo González, argumentó que su clienta no recordaba lo sucedido por el consumo de alcohol y que sufría una fuerte carga de culpa, por lo que solicitó asistencia psiquiátrica y su traslado a un hospital en lugar de un penal.
El juez Bernardo L’Erario Babot rechazó el pedido y resolvió dictar la prisión preventiva por tres meses, con el objetivo de evitar riesgos de fuga y garantizar el avance de la investigación.
El fiscal Gallo adelantó que la acusada podría enfrentar una pena de entre seis y 20 años de prisión. La causa sigue en curso y se espera que se sumen más pruebas y testimonios en los próximos meses.
