Este lunes 25 de febrero organizaciones sociales y pertenecientes al movimiento de mujeres concentrarán a las 12.30 horas frente a la Casa de Gobierno para exigir que se garantice el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a la niña de 11 años embarazada tras una violación.
Denuncian estrategias de dilación para implementar el Protocolo de Aborto No Punible del ex Ministerio de Salud de la Nación, que rige en todo el país y establece que: “en el caso de las niñas y adolescentes menores de catorce años, se deberá respetar su derecho a ser escuchadas y a que su opinión sea tenida en cuenta. Esto se basa en el principio de la “autonomía progresiva”.
Las leyes actuales argentinas contemplan en el Código Penal ese derecho de las mujeres. A esto, se suma el Fallo F.A.L, que sentó precedentes. Los casos en los que el aborto no es punible son: si el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer (entendida la salud como el bienestar físico, mental-emocional y social) y si el embarazo proviene de una violación. La mujer no debe pedir autorización a la Justicia y tampoco es necesaria una denuncia previa por violación.
A comienzos de febrero la madre de la menor denunció en la Unidad Regional Este que su hija fue abusada por la pareja de su abuela. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron en una localidad del interior provincial. La niña actualmente está internada en un Hospital del sistema público de salud, bajo la supervisión de profesionales.
