Mikagros Salas fue encontrada culpable de defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la denominada causa “Pibes Villeros” y condenada a 13 años de prisión. Además, quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Durante el proceso se investigó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, entre 2011 y 2015, las cuales nunca se realizaron.
Para los jueces, Sala era la jefa de esta asociación ilícita, , que con la ayuda de funcionarios provinciales y municipales operaban para extraer dineros de programas habitacionales nacionales, los cuales “fueron utilizados con otros fines”.
De esta manera, las cooperativas jujeñas“pedían trabajo y presionaban al gobierno provincial y a los municipios” para que se les entregue tierras y así conseguir la realización de diversas obras en barrios de la capital jujeña y localidades del interior.
Durante el juicio que se inició el pasado 23 de julio declararon 104 testigos y se analizaron documentos de diversos organismos y videos que se sumaron a la investigación.
Durante la tarde, previo a recibir la condena, Sala realizó declaraciones a la prensa: “Nadie investiga nada, pero sí investigan a la negra, a la coya, a la chorra. Así que, queridos periodistas, ustedes son parte de la burocracia y son ustedes los responsables de implementar la Justicia en nuestra provincia”.
También dijo que la Justicia “está cooptada por Gerardo Morales”, gobernador de Jujuy, y profundizó: “Los jueces fueron apretados por Morales para que nos dicten una condena a todos nosotros. Y todos los compañeros son inocentes, no robaron nada. Lo único que hicieron fue buscar dignidad y vivir un poquito mejor”.
Junto a la dirigente social fueron condenados su esposo Raúl Noro a tres años de ejecución condicional, la diputada provincial Mabel Balconte, a 8 años con pedido de desafuero y más de veinte ex integrantes de cooperativas de trabajo que integraron la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales.
Asimismo, la condena alcanzó a Lucio Abregú y Pablo Tolosa Perea, dos ex miembros del directorio del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), y a dos técnicos, uno del IVUJ y otro de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
