Miguel “Miguelón” Figueroa fue procesado este jueves en Tucumán por amenazar al gobernador Osvaldo Jaldo y a cuatro funcionarios judiciales, a través de un mensaje de audio enviado a una periodista. El juez Guillermo Di Lella le dictó prisión preventiva por tres meses, tanto a él como a su pareja, Marcela Díaz, quien también fue imputada por participar en la amenaza. La audiencia fue larga, tensa y con momentos de emoción, en la que Figueroa rompió en llanto y pidió perdón.
La causa comenzó cuando la periodista Mariana Romero recibió un mensaje de voz con amenazas hacia el gobernador Jaldo, el juez Gonzalo Ortega y los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo. Según explicó el fiscal Carlos Picón, Figueroa habría ordenado grabar el audio para presionar a la Justicia y poder visitar la tumba de su hijo fallecido. El mensaje fue enviado el mismo día en que su abogado iniciaba el trámite para ese permiso.
Durante la audiencia, Figueroa lloró, se arrodilló y pidió disculpas públicamente. Dijo que su hija de 10 años fue quien grabó el audio por pedido suyo y negó que su pareja, Marcela Díaz, tuviera algo que ver. “Ella es inocente, solo cuidaba a nuestros hijos”, expresó. Sin embargo, el juez consideró que había pruebas suficientes para procesar también a Díaz por amenazas coactivas.
El fiscal Picón, junto a su asistente Benjamín Zavalía, afirmó que el mensaje fue un intento de presión muy grave contra las instituciones. “No fue una coincidencia. Fue un ataque a la paz social y al sistema democrático”, dijo. La Fiscalía de Estado también apoyó el pedido de prisión preventiva.
El defensor de Figueroa, Hernán Molina, pidió al juez que se tenga en cuenta la situación del acusado en la cárcel de Ezeiza, donde está preso desde hace 18 días. Contó que sufre maltratos, hace huelga de hambre y necesita ayuda psicológica. “Estoy rodeado de cien terroristas. ¿Quieren que me mate?”, gritó Figueroa.
La defensa de Díaz, a cargo del abogado Víctor Padilla, se opuso a que se le quite el arresto domiciliario, ya que cuida a cuatro hijos menores, incluida la niña de 10 años que participó en la grabación. La defensora de Niñez, Norma Aparicio, también defendió su permanencia en casa.
Después de más de cinco horas de audiencia, que se demoró por un apagón y cambios en la defensa, el juez Di Lella decidió que Figueroa siga detenido en Ezeiza con atención médica, y que Díaz sea trasladada a la alcaldía de Delfín Gallo. “El mensaje fue una amenaza seria a las instituciones y no puede ser aceptado en un Estado de Derecho”, concluyó el juez. Si son condenados, podrían enfrentar penas de entre cinco y diez años de prisión.
