En el marco de la investigación por la ruta del dinero K, el juez Sebastián Casanello procesó con prisión preventiva al empresario Lázaro Báez, a su hijo Martín, a Daniel Pérez Gadín, y a César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Perez Gadin. Asimismo, el magistrado ordenó trabar embargos por 100 millones a todos los imputados, menos al hijo de Pérez Gadín, a quien lo embargó por un millón de pesos.
Remarcando la necesidad de recuperar activos, Casanello ordenó el secuestro y embargo de los vehículos y bienes registrales de todos los imputados y de la firma “Top Air”, así como la inmovilización y congelamientos de todos los fondos de las cuentas bancarias de aquellos. Casanello dispuso asimismo la tasación de más de cincuenta inmuebles pertenecientes a los procesados (principalmente atribuidos a la familia Báez) conformados por viviendas, lotes y chacras: igual medida adoptó respecto de las firmas “SGI Argentina S.A.”, “Helvetic Services Group S.A.” y “OACI S.A.”.
Las imágenes de los videos de “La Rosadita”, donde los imputados contaban millones de dólares en efectivo, fueron determinantes para construir la acusación: Báez habría lavado mediante la financiera SGI plata de la evasión fiscal de Austral Construcciones, por lo que Casanello investiga una maniobra con facturas apócrifas que involucraría a la AFIP, por presunto encubrimiento del accionar del empresario patagónico. Por ese motivo, citó a declaración indagatoria a Echegaray y al ex titular de la Dirección General Impositiva de la AFIP, Rubén Ángel Toninelli, para el 3 y 4 de mayo respectivamente, y decretó además la prohibición de salida del país para ambos
A su vez, el magistrado ordenó la captura nacional e internacional de Jorge Chueco “a fin de recibirle declaración indagatoria”. Se trata del abogado vinculado a Báez que se encuentra desaparecido desde hace varios días, por lo que era intensamente buscado en Misiones, donde fue visto por última vez tras abandonar el hotel donde se alojaba, aunque se sospecha que podría haber cruzado la frontera a Brasil o Paraguay.
En otro orden de medidas, el juez federal designó veedores informantes en la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez, a fin de que controlen su giro comercial y su patrimonio: tendrán derecho a asistir a las reuniones de directorio con facultades para pedir toda la información necesaria para llevar a cabo la función asignada.
Paralelamente, Casanello entendió el juez que debe convocarse a que presten declaración indagatoria al empresario chaqueño y mano derecha de Báez, Julio Mendoza; al abogado de cabecera de Austral Construcciones Claudio Bustos; a Eduardo César Larrea; y al directivos de la firma Helvetic Group, Néstor Marcelo Ramos, respecto de los cuales asimismo prohibió la salida del país e inhibió sus bienes.
No lo dejan salir
En tanto, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray quedó más complicado en la investigación judicial por la denominada “ruta del dinero K“, luego de que el juez Sebastián Casanello resolvió citarlo a indagatoria y además le prohibió la salida del país. Lo mismo resolvió con Ángel Rubén Toninelli, ex titular de la Dirección General Impositiva. Echegaray y Toninelli deberán presentarse ante el juez el 3 y 4 de mayo, respectivamente.
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Los dos ex funcionarios quedaron en la mira de la Justicia por presunto encubrimiento del accionar del empresario patagónico Lázaro Báez, quien habría evadido impuestos con su empresa Austral Construcciones usando facturas apócrifas, algo que debía controlar el organismo que dirigía el ahora titular de la AGN.
En un largo texto, el juez indicó que Echegaray y Toninelli fueron advertidos de la evasión por inspectores de Bahía Blanca, pero no solo no las tomaron en cuenta, sino que disolvieron la regional de la AFIP-DGI de esa ciudad y desplazaron a quienes la integraban.
En el escrito, el juez indicó: “Nos encontramos ante una compleja defraudación tributaria, llevada a cabo por Austral Construcciones S.A., y de la cual se habrían capitalizado millones de pesos provenientes de las arcas públicas del Estado. Tal como ya se ha dicho, toda esa grotesca operatoria llamó la atención de algunos de los inspectores de la AFIP-DGI Bahía Blanca, pero estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de la Regional Bahía Blanca mediante las disposiciones AFIP 299/12 y el 285/12 SGRH, provocando reubicaciones de cargos y hasta desplazamiento de inspectores de la dependencia”.
