El Gobierno nacional está ofreciendo una recompensa de $5 millones a quienes proporcionen información valiosa para encontrar a María de los Ángeles “Marita” Verón, una joven que fue secuestrada el 3 de abril de 2002 en la ciudad capital de la provincia por una red de trata de personas.
Este ofrecimiento también se aplica a la detención de las personas responsables o que hayan encubierto los delitos relacionados con su desaparición, según un comunicado oficial. Esta decisión fue tomada por el Ministerio de Seguridad nacional a través del Programa Nacional de Recompensas, en respuesta a una solicitud de la Justicia Federal de Tucumán.
Hace una semana, Susana Trimarco, junto con los abogados José D’Antona y Carlos Garmendia, informaron que la Justicia Federal estaba investigando la existencia de una carpeta con imágenes que confirmaban la muerte de “Marita”. En una conferencia de prensa, la madre de la víctima afirmó categóricamente: “La carpeta existe”.
D’Antona mencionó que esta investigación podría complicar a las personas que podrían enfrentar cargos, nombres que podrían causar gran revuelo en la sociedad. La hipótesis apuntaría al encubrimiento, al menos por haber tenido conocimiento del paradero de la joven y haber ocultado la información a las autoridades durante al menos 10 años.
Por otro lado, Garmendia explicó que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) había iniciado una investigación preliminar basada en la declaración de una persona que indicó la existencia de una carpeta que confirmaba la muerte de “Marita”, la cual se utilizaba para extorsionar en un conflicto sindical. Trimarco relacionó esto con una pelea entre el sindicato Luz y Fuerza y otros gremios.
En este momento, la Fiscalía Federal 2, dirigida por Agustín Chit, está a cargo de la investigación, y se esperan avances en los próximos días respecto a las imputaciones de más de dos personas señaladas en el conflicto sindical.
