El intendente de Yerba Buena Mariano Campero, dio a conocer este jueves su declaración jurada.
El formulario entregado por Campero a la Contaduría General de ese municipio consta de dos páginas y se detalla que su sueldo neto de julio fue de unos $ 50.000.
Además tiene dos cajas de ahorro en pesos, en los bancos Tucumán Grupo Macro y Galicia: en la primera, su saldo era, hasta este jueves, de $ 19.800; en la otra, de $ 20.913. Y también posee un auto Honda City modelo 2010, cuyo valor en el mercado es de $ 155.000.
En los campos destinados a créditos en el país o en el exterior y a sociedades comerciales no consignó nada. En relación a su declaración jurada de 2015 -a la que tuvo acceso este diario- ha habido un incremento de unos $ 23.000, puesto que el total declarado para ese momento era de $ 132.000 (también en concepto de auto como único bien).
Consultado, Campero cuenta que vive junto a su esposa en una casa que alquilan en el barrio Viajantes, al norte del municipio. El valor declarado de esa renta es de $ 10.000 mensuales.
En su manifiesto jurado, enumeró también los bienes que posee su pareja, entre los que se cuentan una serie de tierras. Sin embargo, ese apartado de la declaración no lo hizo público. “Los bienes del matrimonio se encuentran a disposición de quien lo requiera”, declara Miguel Hero, director de Gobierno Abierto municipal.
“Esto es parte de un proceso de gestión inédito en la región y en la provincia. Nos centramos en la transparencia”, añade el funcionario. Según sus dichos, la medida va en consonancia con las políticas del presidente, Mauricio Macri. “A través del Ministerio de Modernización de la Nación, Yerba Buena irá haciendo una apertura gradual de la información”, asegura.
La Ley Provincial N° 3.981 establece la obligatoriedad para los funcionarios de informar sobre sus pertenencias, los bienes de sus cónyuges y de sus hijos menores. En el artículo sexto de esa normativa se especifica que las declaraciones tendrán carácter secreto y que sólo podrán ser abiertas ante requerimiento de un juez, investigaciones sobre enriquecimiento ilícito o situaciones similares. No obstante, Campero decidió que su declaración y las de sus funcionarios, en su mayoría, sean públicas.
