Durante la tarde del domingo pasado, los presos de la comisaría 11ª, ubicada en la avenida Benjamín Aráoz al 1.000, se amotinaron para protestar por las malas condiciones en las que se encuentran detenidos.
El jefe de la Unidad Regional Capital, comisario Walter Álvarez, informó que ese día las cloacas de toda la zona empezaron a colapsar. La sede policial se inundó y los reclusos, que eran alrededor de 30, comenzaron a quemar los colchones para que los saquen del lugar.
“La comisaría está saturada de personas, al igual que casi todas las dependencias policiales de la provincia. Esa situación se complicó cuando rebalsaron las cloacas”, contó Álvarez.
En medio del escándalo, más de 20 familiares de los amotinados se presentaron en la sede policial y permanecieron por casi cinco horas en la vereda de la comisaría, exigiendo noticias sobre los presos.
Desde el interior de la comisaría se escuchaban gritos y disparos, lo que provocó más angustia y ansiedad entre los parientes, que apenas podían quitarse las manos de la nariz a causa del olor.
En noviembre pasado la fiscala Adriana Gianonni, envió un escrito al presidente de la corte suprema Daniel Posse, para ponerlo en conocimiento de la situación actual de las personas alojadas en la comisaría de este lugar. “Los arrestos registran condiciones en materia de salud y seguridad aún peores que las que ostentaban en el 2015 cuando se presentó el hábeas corpus que buscaba poner fin o iniciar un camino ascendente de los standares mínimos que en materias de derechos humanos la provincia debe mantener”, explica la fiscal en uno de los párrafos del texto.
