Por Mariana Romero-Algunos de los imputados por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, ocurrido en 2006, deberán explicar al Tribunal por qué su situación laboral se vio beneficiada tras el asesinato, aun cuando ya se conocían las graves irregularidades –y delitos- cometidos en el caso.
Un encubridor ascendido
Quizás el más espinoso de los asuntos a resolver sea el del ascenso del ex comisario Enrique García, quien purga hoy una condena a seis años de prisión en Villa Urquiza por haber encubierto el crimen. García era el jefe de la comisaría de Raco cuando, el 11 de marzo de 2006, apareció el cuerpo de la joven a la vera de la ruta 341. Intervino en el hecho (pese a que correspondía actuar a otra comisaría) y falsificó las actas del hecho, asegurando que había sido personal a su cargo quien descubrió el cadáver durante un rastrillaje. Para ello, coaccionó y amenazó a quienes realmente hallaron a Paulina, los hermanos Marcelo Adrián y Sergio Luján Goitea, baqueanos del lugar.
El delito cometido por García se descubrió pronto. Al día siguiente, los medios de comunicación ya daban cuenta del hallazgo de los Goitea mientras el acta falsificada ya circulaba en la investigación. Semanas después, el comisario fue detenido por Gendarmería y comenzó a declarar en sede judicial. El domingo 16 de abril, estando detenido y a la espera de continuar declarando al día siguiente, García recibió la visita del entonces subjefe de Policía, Nicolás Barrera, hoy imputado por encubrimiento (fue con Dante Bustamante, quien años más tarde se convertiría en Jefe de Policía). Tras el encuentro, el detenido se negó a seguir declarando. Más tarde fue liberado, retomó sus actividades y, finalmente, fue ascendido. El 3 de agosto de 2010, mediante el decreto 2369/7, se promovió a García al rango de Comisario Principal.
Los motivos por los cuales un policía con una causa abierta por un delito grave recibe un ascenso probablemente serán claves a la hora de determinar si sus superiores estuvieron o no involucrados en la maniobra de encubrimiento y si, en definitiva, esta promoción obró como una suerte de pago por su silencio. A la Justicia ya le llamó la atención este hecho en diciembre de 2013, cuando García y su compañero de la comisaría de Raco, el entonces agente Manuel Ezequiel Yapura, fueron condenados por el encubrimiento agravado del crimen a cinco y cuatro años respectivamente. En ese juicio, también se condenó al suboficial mayor Roberto Oscar Lencina a dos años de prisión condicional por haber ayudado a adulterar las actas del hallazgo del cuerpo.
En aquellas audiencias, a los jueces les llamó la atención el ascenso de García. Por ello, entre otros motivos, declararon en calidad de testigos altos funcionarios de Seguridad del gobierno de José Alperovich: el ex ministro de Seguridad, Pablo Baillo; el entonces secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella; los ex jefe y subjefe de Policía, Hugo Sánchez y Nicolás Barrera y el entonces jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito. Todos, salvo Baillo, hoy están sentados en el banquillo de los acusados por el encubrimiento del crimen.
El tribunal de ese juicio (Dante Ibáñez, Carlos Caramutti y Emilio Páez de la Torre) entendió que las explicaciones no fueron convincentes y que los funcionarios no estaban “obligados” por el reglamento policial a ascender a García. Los interrogatorios fueron exhaustivos durante las audiencias para determinar si, verdaderamente, las autoridades no tenían otra alternativa a la hora de responder el pedido de promoción de un policía con semejante causa abierta. “El ascenso no sería obligado como declararon los testigos, sino producto de una decisión discrecional del Jefe de policía, llamando poderosamente que se la hubiera adoptado respecto de una persona sometida a un proceso de las características y repercusión del que nos ocupa. Más aún cuando el testigo Sánchez declaró en el debate que no era frecuente que se ascendiera a personal en esas condiciones. La cuestión es más llamativa aun cuando se aprecia el diferente trato recibido en iguales condiciones por Lencina y Yapura y la vehemencia con que ambos testigos defendiera esa decisión en el debate”, determinaron finalmente los jueces en su sentencia, firme por la Corte Suprema de Justicia.
El fallo determinó que el ascenso de García “refuerza la calificación del hecho como encubrimiento agravado” y por ello resuelve enviar estos antecedentes para que el fiscal de la causa (Diego López Ávila) investigue a los testigos. De este hecho, entre otros, deriva su actual imputación.
Otros contratos
De los cuatro ex funcionarios públicos acusados en el actual juicio, tres obtuvieron contratos del Estado que les permitieron vivir cómodamente aún después de dejar su cargo.
Menos de un año después de renunciar al cargo de subjefe de Policía, Nicolás Barrera es contratado por el Gobierno en un cargo que él define como de “asesor”. El decreto 852/2012 establece que prestará funciones en el Gabinete de Coordinación Ministerial “con una remuneración equivalente a la categoría 22”. En el juicio, el imputado dijo que abandonó ese cargo unos meses después.
También Sánchez fue beneficiado con una designación tras abandonar la Jefatura de Policía, en el mismo Gabinete que Barrera y con la misma categoría (decreto 853/2012). Actualmente, según su declaración en el juicio, no ocupa más ese cargo.
Tanto Barrera como Sánchez recibieron estas designaciones pese a no haber quedado desamparados: los dos reconocen que viven de sus ingresos como policías retirados, de acuerdo a sus categorías. Todos los nombramientos aún pueden verse en la versión digital del Boletín Oficial de la Provincia.
El caso de Di Lella presenta características diferentes porque, si bien vive de un cargo de asesor del Ministerio de Educación, su nombramiento es anterior al crimen de Paulina.
Finalmente, quien también fue auxiliado por la gestión de Alperovich fue Pablo Baillo. A poco de renunciar como Ministro de Seguridad tras el escándalo del crimen, fue acogido por el Gobierno como “asesor de Gabinete del Poder Ejecutivo, con rango de subsecretario”, mediante el decreto 3.524/2007.
Waldino Rodríguez, en tanto, continúa viviendo de sus ingresos como policía retirado. Se había alejado de la fuerza unos días antes del crimen de Paulina pero, como era conocido en Raco, los baqueanos que descubrieron el cuerpo fueron a buscarlo ante el hallazgo. Está acusado de haber participado de las amenazas contra los dos jóvenes.
