Alberto Felipe López y su hijo, Juan López Cansillieri, fueron detenidos en Manantial Sur, Tucumán, acusados de retener más de 5.200 kilos de alimentos destinados a sectores vulnerables. Ambos sospechosos, dirigentes barriales, habían trabajado recientemente como empleados estatales. Las autoridades investigan si la mercadería fue vendida o utilizada con fines electorales.
El caso comenzó con una denuncia por violencia, que llevó a un allanamiento policial en la casa de López Cansillieri. Allí se encontraron 216 módulos alimentarios entregados por el Ministerio de Desarrollo Social y documentación a nombre de su padre. Aunque los papeles no justificaban la enorme cantidad de mercadería, esto puso bajo sospecha a los dirigentes.
López había trabajado en la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel), un organismo creado en 2021 para apoyar a trabajadores afectados por la pandemia. Este organismo fue disuelto en noviembre de 2023 por el gobernador Osvaldo Jaldo como parte de un ajuste en el gasto público. Por su parte, López Cansillieri había sido contratado en la Legislatura provincial en diciembre de 2023, pero fue cesanteado tras el escándalo, según confirmó el vicegobernador Miguel Acevedo.
La causa, caratulada como peculado, está siendo investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Una de las hipótesis es que los alimentos fueron vendidos en comercios de la zona, ya que en una de las viviendas se hallaron cuadernos con listas de productos y sumas de dinero. Sin embargo, los abogados defensores aseguran que presentarán pruebas para demostrar que no hubo irregularidades.
Vecinos del barrio aportaron testimonios claves para la investigación, que permitió realizar nuevos allanamientos y esclarecer los hechos, según indicó el jefe de Policía, Joaquín Girvau. Por otro lado, el gobernador Jaldo y el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, anunciaron la eliminación de intermediarios en la entrega de alimentos y la implementación de una tarjeta para compras en supermercados, medida que comenzará en 2025.
La Justicia seguirá investigando para determinar el destino de la mercadería secuestrada y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. “Con el alimento de las personas que lo necesitan no se debe jugar”, expresó el jefe de Policía.
Fuente: La Gaceta
