Por Mariana Romero-“Había ido a la verdulería y la señora de ahí me dice ‘ahí andan preguntando por vos’. Me voy a la casa y ellos han salido corriendo y me han agarrado. Me han tirado al piso, me han puesto las esposas y me han subido al auto. De ahí han caído dos o tres autos más. Yo no me resistí”. De esta manera, el testigo Juan Marcelo Jiménez contó ante el Tribunal del juicio por Paulina Lebbos cómo fue detenido en el año 2006, tras la desaparición dela joven. Sin embargo, el acta policial que se labró describe otra cosa.
El instrumento público asegura que “se hace comparecer por ante esta instrucción a una persona que se encuentra mencionada como testigo” y que Jiménez fue “invitado al acto y accedió de conformidad” a prestar declaración. El escrito lleva las firmas del entonces comisario del Departamento de Información Policial (conocido como el D2, encargado de tareas de inteligencia), Fernando Rodolfo Maruf. A su lado, aparece la rúbrica del oficial auxiliar Jorge Eduardo Dib, hoy ascendido a Jefe de la División Homicidios.
Jiménez era vecino de César Soto, pareja de Paulina. Cuando ella desapareció recayeron sospechas sobre varias personas que vivían en el edificio de Soto, a donde la víctima dijo dirigirse en remisse la última vez en que se la vio con vida. Sobre el novio pesaba la sospecha de que ejercía violencia de género contra la joven. Las miradas también se posaron sobre los vecinos Jiménez. Se creía que el padre de familia, Juan Pedro Jiménez, la acosaba, al igual que su hijo, Jorge (hoy detenido por falso testimonio y sospechado de haber participado en el crimen). Y sobre Juan Marcelo, el testigo que hoy declaró sobre la polémica detención, se creía que tenía un parecido físico con un identikit del sospechoso que había hecho la policía.
Jiménez dijo al tribunal que él estuvo en una fiesta en Burruyacú la noche en que la joven estudiante desapareció, junto a su hermano hoy detenido y otros familiares. En un momento de su testimonio, comenzó a relatar cómo lo detuvieron el 2 de marzo de 2006 y el dato llamó la atención del tribunal, la querella y la fiscalía, que tenían en sus manos el acta policial labrada en aquella oportunidad y que no consignaba el arresto. De hecho, no hay en el expediente una orden judicial que avale esa detención. “Cuando ellos me llevan y me esposan nunca me dijeron nada”, indicó el testigo y detalló que una vez que lo hicieron entrar a un edificio cercano a la Plazoleta Dorrego (se estima que era la dependencia del D2) le comenzaron a preguntar qué había hecho esa noche. Aseguró que sentía temor y que, mientras él prestaba declaración, cuatro personas estaban detrás de él.
Cuando el abogado de la acción civil, Carlos Tejerizo, comenzó a preguntarle detalles sobre aquel episodio, dos de los miembros de la defensa se quejaron airosamente. Gustavo Morales, abogado del ex Secretario de Seguridad Eduardo Di Lella fue el primero en oponerse a que se profundice sobre el hecho. Luego, Cergio Morfil, representante del ex jefe de la Regional Norte se plegó al reclamo: “lo que estamos vislumbrando es que la Policía actuaba, entonces introducirle ‘mire, lo que ha dicho tiene algún tipo de concatenación con obrar ilegítimo de la Policía’… la Policía ha ido”, analizó. “Tal vez estamos acostumbrados a las series de televisión, llega la citación ‘mire, señor, por favor declare de esta forma, declare de la otra, usted viene en calidad de testigo’. Sabemos, señores jueces, que en la dinámica de la iniciación de un proceso y de una investigación pueden ocurrir circunstancias como estas. Pero no se lo privó de la libertad”, consideró.
Tejerizo respondió a los argumentos de Morfil. “¿Qué clase de testigo se lleva esposado? ¿Qué clase de efecto y, si se va a aceptar una actividad ilegal, se puede permitir? No es que estamos discutiendo si él declaró o no como testigo; es lo que consta en un instrumento público. Si alguien va esposado a un lugar como una comisaría para decirnos a nosotros que él ‘voluntariamente acepta’ estamos en una contradicción muy grave en un instrumento público”, remarcó el letrado.
El abogado querellante en representación de Alberto Lebbos, Emilio Mrad, también pidió que se rechace el planteo de Morfil. “Me causa estupor escuchar que tenemos que estar acostumbrados a un reconocimiento sin las formalidades de ley. Me causa estupor escuchar que se puede llevar arrestado, detenido, sospechado de la comisión de un ilícito y se le formule un acta en donde dice que declara voluntariamente como testigo”, remarcó. “Acá sí hubo personas presionadas para declarar, acá sí se estaba buscando un chivo expiatorio, por eso no existen las actas que corresponden a una detención, por eso no está ordenada la detención por un juez”, agregó.
El fiscal Carlos Sale consideró que “esto habla a las claras de cómo actuaba la Policía en ese momento y en este caso que nos ocupa. Que lo que dicen las actas, y ahora nos estamos dando cuenta, no se condice con la realidad”. “Hablar sobre este tema lo que hace es traernos luz a todos sobre cómo actuaban las fuerzas policiales por lo menos en este caso”, agregó.
En representación de la Provincia de Tucumán, demandada civil en la causa, la abogada Cecilia Vaccaro no se opuso a que se continúe indagando y dejó a consideración de los jueces la valoración de lo que se estaba descubriendo.
El tribunal, por unanimidad, resolvió permitir que se continúe indagando sobre el hecho. Finalmente, el fiscal pidió que se giren las actuaciones del debate a la Fiscalía de turno para que investigue la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y falsificación de instrumento público.
