Una denuncia penal se prepara para que se investigue el presunto desvío de fondos públicos para solventar a un “call center” que se dedicaría a replicar en las redes sociales mensajes de adhesión al Gobierno, o de rechazo a quienes son críticos de la gestión Cambiemos. Esto incluye el denominado “troll center” que el animador Marcelo Tinelli puso de relieve ante ataques e insultos que en catarata recibió en forma anónima a partir de una parodia realizada en su programa de TV sobre Mauricio Macri y las marchas y contramarchas del tarifazo. Funcionarios de segunda línea,con acceso directo al jefe de Gabinete, Marcos Peña, están señalados como parte del engranaje que se supone está solventado desde el Estado.
La estrategia en el dominio de las redes sociales como parte esencial de la comunicación política, ha puesto al PRO en la vanguardia de su manejo. Pero la cuestión trascendió los márgenes de la “comunicación institucional” que es el rótulo que le otorgó el Gobierno, y podría traerle problemas judiciales, similares a los que lo aquejaron durante la Jefatura de Gobierno porteña, cuando fue acusado por haber montado un “call center” que realizaba encuestas telefónicas “truchas”, en las que se realizaba una campaña sucia contra el entonces rival K de Macri, Daniel Filmus. Esa causa logró ser atraída por la Justicia de la Ciudad, y quedó sepultada en la prescripción por el paso del tiempo.
Pero el episodio denunciado por Tinelli reveló la existencia de una posible red de operadores que utilizan perfiles falsos replicados en Twitter para influir en temas de opinión pública y desacreditar, en este caso, aspectos criticables del rumbo de Gobierno. La secuencia de mensajes idénticos desde perfiles aparentemente distintos -no asociados- tiene antecedentes en los denominados “foristas”, que dejan comentarios en portales con información crítica. El anonimato es una característica, pero por cuestiones técnicas, los servicios permiten el manejo a través de un solo individuo de 700 perfiles falsos, la triangulación de los envíos y la versatilidad en la modificación de las direcciones IP desde donde se registran las coordenadas de ubicación de los usuarios. Según su utilización, pueden crear tendencias e instalar temas de “conversación” en el mundo virtual. La diferencia en el monitoreo de redes y la utilización con fines políticos puede derivar en que la investigación profundice el origen de los fondos con el que se financian operadores, software, hardware e instalaciones. Los apuntados en el Gobierno por coordinar esta metodología 2.0 son Guillermo Riera, un exempleado de La Nación y militante de la UCeDé que se desempeña como subsecretario de Vínculo Ciudadano, con 35 especialistas a su cargo. El funcionario se desligó del señalamiento y responsabilizó a ciudadanos individuales por la campaña. Octavio Paulise (administraría cuentas de personajes relevantes y periodistas), reporta en la cartera que conduce Guillermo Dietrich. José Pablo Pérez Correa revista en Cultura porteña y es célebre por su expertise en la materia, ahora bajo la órbita de Hernán Lombardi. Luciano Bugallo -asesor de Elisa Carrió- sería otro de los estrategas, que ahora podrían ser investigados.
fuente: ambito.com
