La división Operaciones Judiciales, parte del área de Asuntos Internos de la Policía Federal, recibió un pedido previsiblemente incómodo en la mañana de ayer: meter presos a dos de los suyos.
Se trataba de Carlos Víctor López, con rango de sargento y Rubén Ernesto Ferreyra, “El Gordo”, subcomisario, ambos destacados en la Delegación Corrientes de la PFA. El pedido vino de parte del doctor Sergio Torres, titular del Juzgado Federal Nº 12 en Comodoro Py. La causa era al menos caliente, quizás la causa narco más caliente del año: la que esta tarde llevó a la detención de Natividad “Roger” Terán, intendente de Itatí, y su vice, Fabio Aquino, como partícipes de una organización de tráfico de marihuana a gran escala. Los arrestos de los policías federales fueron parte del mismo operativo: para el juez Torres, ambos efectivos eran cómplices de la red del intendente.
Las sospechas en su contra eran gravísimas. Torres y su equipo habían intervenido los teléfonos de López y “El Gordo” durante semanas: su investigación indicó que no solo habrían arreglado con narcos, sino que hasta revendían la droga que secuestraban, una clásica mexicaneada. “Lo básico era secuestrar droga sin hacer detenciones, lo que en realidad era simular secuestros, para dejarlos seguir con la mayor parte de la droga”, afirma una alta fuente en la investigación.
La directiva no solo incluía detenerlos: Torres también ordenó allanar la Delegación de la PFA sobre la calle Laprida en la capital provincial. Se debía secuestrar documentación y dos vehículos Volkswagen que los efectivos tenían a su disposición. Torres autorizaba a Asuntos Internos a ir a fondo, con uso de cerrajero y de fuerza pública si fuese necesario.
En el curso de esta tarde, tanto el sargento como el subcomisario fueron detenidos: “El Gordo” Ferreyra cayó con 17 panes de marihuana en el despacho de su oficina.
El operativo ordenado por el juez federal -con una causa instruida por la secretaria Verónica Bresciani, que estuvo a cargo de la reciente detención del peruano Marcos Estrada González y el doctor Martín Uriona– fue al menos amplio: no solo se trató de romper las puertas de la casa de “Roger” Terán sobre la calle Desiderio Sosa y la municipalidad de Itatí. Hubo más de 30 pedidos de detención y se requirió el secuestro de más de 20 vehículos, de acuerdo a las ordenes remitidas a Policía Federal y Gendarmería a las que accedió Infobae. Los allanamientos en Itatí fueron casi 40, un número que garantizaba ruido instantáneo en un pueblo de 6.500 habitantes.
Hay tres nombres que sobrevuelan la trama y que son el núcleo de la causa del Juzgado Nº 12: son los de Carlos Bareiro, conocido como “Cachito”, hoy preso en la Unidad Nº 7 del Servicio Penitenciario Federal en Chaco por una causa previa, y Luis Saucedo, alias “Gordo”, y Federico Sebastián Marín, apodado “Morenita”, los presuntos líderes de tres narcoempresas encargadas de importar marihuana a gran escala desde Paraguay con puntos de venta en siete provincias. Torrres pidió que Saucedo y Marín sean encarcelados: las fuerzas de seguridad no pudieron encontrarlos y continúan prófugos. Bareiro fue allanado en su celda, en un operativo con efectivos de inteligencia del SPF. Se encontraron varias anotaciones de interés.
Todos ellos son jugadores de peso. Según La Nación, las fuerzas de seguridad le secuestraron a “Morenita” más de 8 toneladas de hierba en los últimos cinco años. Con Bareiro, Saucedo y Marín, el intendente Terán “tenía vínculo y participación activa”, asegura un investigador. Se allanó también un domicilio ligado a Mariela Terán, hija de Roger”, detenida el 15 de febrero junto a su marido Ricardo Piris. Varios parientes del yerno del intendente también sintieron el ariete de Gendarmería y tuvieron pedidos de captura.
Para el Juzgado Nº 12, la participación de elementos corruptos de las fuerzas de seguridad fue clave para el funcionamiento de estas bandas. Un pariente de Saucedo, ex miembro de Prefectura, integró la lista de buscados. El comisario Diego Ocampo Alvarenga, titular de la dependencia policial de Itatí, también quedó detenido.
Los allanamientos llegaron hasta Jesús María, Córdoba. Allí, la Unidad de Operaciones Antidrogas de Gendarmería también recibió la orden de detener a uno de los suyos: era Fernando Alcaraz, segundo comandante ante la Escuela de Suboficiales de esa ciudad. Así como a los efectivos de la PFA, Torres también lo considera un cómplice. Alcaraz, tal como los policías federales, fue intervenido telefónica durante largo tiempo.
El gendarme había trabajado en Corrientes antes de ser trasladado. “Les pasaba información a narcos”, afirma una fuente cercana al expediente: “Tiene un hermano traficante. Las últimas escuchas indicaban que se estaba aburriendo en Córdoba, que se quería retirar de la fuerza, aparentemente, para dedicarse a la venta de droga”. Esta tarde, Gendarmería decidió pasar a disponibilidad a Alcaraz. “Está fuera”, dice una voz de peso en la fuerza.
Fuente: Infobae.
