El Ministerio Público Fiscal de Tucumán investiga un escándalo de venta ilegal de tierras fiscales en El Cadillal y El Mollar, donde cientos de terrenos fueron loteados y comercializados con la supuesta complicidad de funcionarios públicos. La investigación, liderada por el fiscal Miguel Varela, apunta a un esquema de fraude inmobiliario que involucra a la ex Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, disuelta recientemente por el gobernador Osvaldo Jaldo debido a las graves irregularidades detectadas.
El caso salió a la luz con el “Loteo Gaucho Castro” en El Mollar, dentro de la Reserva Natural La Angostura. Según la Justicia, Juan Pablo Castro, poseedor informal de un terreno, habría sido contactado por empleados de la subsecretaría, Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro, quienes se ofrecieron a desarrollar el proyecto ilegal a cambio de un porcentaje de los lotes. La maniobra consistía en dividir los terrenos, gestionar servicios básicos y luego intentar obtener documentación oficial para darles apariencia legal.
Las sospechas crecieron cuando se detectó que el ex titular de la subsecretaría, Fernando Rogel Chaler, firmó una constancia sobre la escrituración de los terrenos, aunque luego denunció que su firma fue falsificada. Además, el ex comisionado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, otorgó factibilidades de agua potable años después de la venta de los lotes y validó informalmente el emprendimiento.
Durante los allanamientos a los domicilios de Trujillo y Rogel Chaler, se encontró documentación similar sobre loteos irregulares en El Cadillal, lo que hace sospechar que el esquema de estafa se habría repetido en distintas zonas de la provincia. La Justicia investiga si los mismos funcionarios participaron en ambos casos, ampliando el escándalo.
Ante la magnitud de la denuncia, Jaldo ordenó la disolución de la subsecretaría y transfirió sus funciones a la Dirección de Catastro. Tras esta decisión, surgieron más denuncias de vecinos que aseguran haber sido estafados por empleados del organismo. Algunos relataron que les exigieron dinero para gestionar escrituras, e incluso que les pidieron electrodomésticos como pago cuando no podían abonar en efectivo.
Los imputados niegan su participación y sus abogados exigen que se respete el debido proceso. Mientras tanto, la Justicia avanza con una causa que ya acumula más de 800 denuncias y podría convertirse en uno de los mayores escándalos institucionales de la última década en Tucumán. Miles de familias esperan respuestas sobre la legalidad de sus viviendas, mientras se investigan otras irregularidades, como falsificación de documentos y cobros indebidos, en un caso que promete tener un largo recorrido en los tribunales.
