Este miércoles por la mañana, un grupo de carreros protagonizó una protesta frente a la plaza Urquiza, en avenida Sarmiento, en contra de la ley 9.810, que prohíbe la tracción a sangre en Tucumán. La manifestación fue frenada por efectivos de Infantería, que formaron un cordón para impedir que los manifestantes cortaran el tránsito en una de las arterias principales de la ciudad. Los carreros rechazan la nueva normativa, argumentando que afecta su medio de sustento y criticaron el retiro de caballos que realizan fundaciones de protección animal.
Los manifestantes expresaron que la ley los perjudica, ya que la tracción a sangre es su principal fuente de ingresos. “Queremos una solución. Nosotros cuidamos a los caballos y necesitamos una respuesta concreta”, afirmó uno de los carreros durante el enfrentamiento con los policías. Los agentes, en cambio, argumentaron la importancia de mantener libre el tránsito en esa zona, y señalaron que también necesitan trabajar sin interrupciones.
La tensión escaló debido a la controversia en torno a la retención de los caballos. Según Alicia Gómez, representante de los carreros, existe preocupación porque la fundación que retira los animales no garantiza su destino final. Además, los carreros mantuvieron una audiencia con el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, quien prometió que la ley no se aplicará de inmediato y que les ayudarán con alimentos para sus animales hasta fin de año. Gómez explicó que cerca de 15.000 carreros en Tucumán dependen de esta actividad para mantener a sus familias.
La ley 9.810 fue publicada la semana pasada y establece la prohibición del uso de animales para arrastrar carros u otros vehículos de carga en toda la provincia. También exige una campaña de información para ayudar a la comunidad a adaptarse a esta nueva normativa y promueve medidas para facilitar la reconversión laboral de los carreros, incluyendo la creación de cooperativas de trabajo. La norma ordena al Ministerio de Seguridad implementar programas de apoyo durante un año para ayudar a los trabajadores a realizar una transición hacia prácticas más humanas en el transporte de carga.
El incumplimiento de la ley conllevará sanciones, incluyendo el secuestro de los animales y la detención de los carros usados para la actividad. Los caballos retirados pasarán por un control de salud y se los ubicará en lugares de resguardo para su recuperación.
Fuente: La Gaceta
