El anuncio de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, sobre restringir el ingreso de colectivos interurbanos al centro de la ciudad generó una fuerte controversia. Mientras algunos empresarios del transporte consideran que la medida sería “discriminatoria”, otros la apoyan argumentando que ayudaría a ordenar el tránsito. En el Concejo Deliberante también hay posturas divididas, con algunos concejales pidiendo incluir a la ciudadanía en la decisión y otros asegurando que la iniciativa podría generar un caos aún mayor.
La propuesta busca que solo las líneas urbanas ingresen al centro, mientras que los colectivos interurbanos dejarían a los pasajeros en las cuatro avenidas principales. Según Chahla, quienes necesiten llegar al casco céntrico podrían hacerlo con el mismo boleto en un colectivo urbano. Además, se planea desalentar el uso de autos particulares mediante la construcción de bicisendas y la mejora del transporte público.
Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), Jorge Berretta rechazó la idea y la calificó como una medida “sin derecho alguno” que afectaría a miles de personas que viajan desde ciudades cercanas como Yerba Buena, Tafí Viejo o Banda del Río Salí. “No son ciudadanos de segunda, tienen derecho a entrar al centro en colectivo”, afirmó. También advirtió que la decisión perjudicaría a estudiantes y pacientes que necesitan llegar a hospitales céntricos.
El concejal radical Leandro Argañaraz también cuestionó la medida y aseguró que obligar a los pasajeros a hacer transbordo podría llevar a que más personas usen vehículos particulares, lo que agravaría los problemas de tránsito. “Es apagar fuego con nafta, el caos se va a multiplicar”, advirtió.
Por otro lado, el empresario Miguel Mitre respaldó la restricción y aseguró que la reorganización del transporte es necesaria debido a la congestión y el deterioro de las calles. “No hemos tenido obras de infraestructura en 100 años y el centro no resiste más colectivos”, señaló.
El concejal José María Canelada no tomó postura a favor o en contra, pero insistió en que cualquier cambio en la movilidad urbana debe incluir la participación de los ciudadanos y garantizar que no perjudique su accesibilidad ni aumente sus gastos.
Fuente: Bárbara Nieva para La Gaceta
