Un sector de la oposición tomó una postura firme contra el presidente Javier Milei tras la polémica por su promoción de la criptomoneda $LIBRA en redes sociales. El diputado socialista Esteban Paulón anunció que presentará un pedido de juicio político el lunes, argumentando que el mandatario pudo haber cometido un delito. La controversia surgió porque el valor del token subió rápidamente tras la promoción de Milei, pero luego se desplomó, afectando a muchos inversores.
Paulón explicó en sus redes sociales que la situación es “muy grave” y que, además del pedido de juicio político, solicitarán informes al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para determinar si hubo irregularidades. En su mensaje, el legislador llamó a Milei “Javo Ponzi”, en referencia a un posible esquema fraudulento, y criticó el hecho de que el presidente tardara cinco horas en eliminar la publicación.
El conflicto comenzó cuando Milei compartió en Instagram y X un mensaje promocionando el token $LIBRA, destacando que era un proyecto privado con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y apoyar a emprendedores. También adjuntó enlaces con información sobre la criptomoneda, que operaba en la red Solana. En poco tiempo, el valor del activo digital subió considerablemente, pero después cayó, lo que despertó sospechas y generó fuertes críticas.
Horas más tarde, el presidente eliminó su publicación y aclaró que no estaba al tanto de todos los detalles del proyecto. “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”, publicó en sus redes. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a la oposición, que lo acusó de promover una posible estafa.
Otros dirigentes opositores, como Martín Lousteau, presidente de la UCR, también cuestionaron al mandatario. Lousteau señaló que es la segunda vez que Milei promociona criptomonedas que terminan desplomándose y sugirió que podría haber cometido un delito por “reiterancia”. Además, pidió auditorías para determinar quiénes se beneficiaron económicamente con la difusión del token.
El diputado Maximiliano Ferraro, por su parte, fue aún más contundente. “Si esto no fue un hackeo, entonces estamos ante un hecho gravísimo y escandaloso”, advirtió. Según Ferraro, la promoción de la criptomoneda por parte de Milei podría haber violado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, ya que se trató de una publicidad que movilizó millones de dólares en pocas horas.
Santiago Cafiero, otro referente de la oposición, vinculó el hecho con una posible maniobra de especulación financiera. Sugirió que funcionarios del gobierno, o incluso el propio presidente, podrían haber obtenido beneficios económicos a costa de quienes compraron el token antes de su caída.
