En un escrito presentado ante la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la Oficina Anticorrupción (OA) apoyó la postura del Fiscal en cuanto a que los hechos denunciados deben investigarse en su totalidad en el Juzgado Federal N° 3, a cargo del Dr. Daniel Rafecas. Dicho juez había dividido la causa y enviado una parte al Juzgado Federal N° 10 del Dr. Julián Ercolini.
Cabe recordar que cuando la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante hizo foco en la llamativa circunstancia de que Cristina Kirchner “justifica parte de sus ingresos mediante créditos de la firma Hotesur, práctica que podría reducirse a una modalidad de autopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado”.
Además, la OA destacó que en la causa se investiga “relaciones aparentemente comerciales pero sustancialmente ilícitas -según se denunció- que vincularon a Néstor y Cristina F. de Kirchner con los empresarios Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y Cristóbal López”. Y agrega: “En todos los casos, con sus particularidades, se trata del alquiler total o parcial de los Hoteles Alto Calafate, Las Dunas, La Aldea, y El Retorno a empresas que pertenecen o están vinculadas a empresarios beneficiarios de licitaciones de obra pública con fondos federales”.
Para la Oficina Anticorrupción, la identificación de los hechos que precedió a la separación de la causa en dos tramos debió estar a cargo del Fiscal y no del Juez, dado que de esta manera se “reserva a cada uno de los órganos su función específica, garantizando de ese modo la imparcialidad del juez y los derechos de cada parte”. Esta agrupación de hechos “ha tenido como única consecuencia práctica la remisión del tramo más sustancioso a conocimiento de otro juez y su separación de otros sucesos con los que posee una vinculación innegable”, explica. A su vez, la remisión se hace a una causa en la que, según el juez, parte de los hechos ya han sido sobreseídos.
En el escrito de apelación, la OA sostiene que una de las hipótesis centrales de la investigación -aún no descartada- es la posibilidad de que alguna o algunas de las empresas contratantes y/o de las intermediarias sean meros testaferros de la propia presidenta, de su extinto esposo o de algún miembro de su familia, extremo que de verificarse, brindaría un panorama y un significado completamente distinto a la investigación sobre sus declaraciones patrimoniales”.
