A partir del 14 de mayo, la Provincia no tendrá más injerencia en los controles de tránsito dentro de los límites de la capital. Ese día se cumplirán los 30 días de plazo legales desde que fue comunicada la decisión del intendente Germán Alfaro de rescindir un convenio de 2.006 por el cual compartía con el Gobierno provincial, a través de la Policía, la atribución de confeccionar multas de tránsito, entre otras acciones vinculadas al control del transporte en la vía pública. Según explicó el secretario de Relaciones Institucionales municipal, José Luis Avignone, por la vigencia de ese convenio en los últimos 10 años dejaron de ingresar cuantiosos recursos a las arcas de San Miguel de Tucumán, por lo que se reclamará su devolución.
Avignone dijo que, con esta decisión, el Municipio “está tratando de retomar una función que nunca tendría que haber delegado en la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad Ciudadana, como lo es la facultad de controlar el tránsito, algo que es inherente a los municipios, tal como establecen la Constitución tucumana y la Ley Orgánica de Municipalidades”.
El funcionario municipal señaló que, de acuerdo a los registros obrantes, a la Municipalidad no ingresó ninguna suma de dinero por las multas e infracciones labradas en los controles viales por violaciones a las normas de tránsito que realizó la Provincia en estos años. En ese sentido, aclaró que “las actas de infracción se debían realizar por triplicado, para que una copia quede en manos del infractor, otra que quedaba como antecedente para la Policía y la restante para el Tribunal de Faltas Municipal, que debía contar con ese registro para establecer las sanciones correspondientes”. Sin embargo, Avignone advirtió que este aspecto del convenio “no se cumplió, porque al Tribunal de Faltas Municipal nunca llegó nada”.
Además, señaló que “el acuerdo firmado en 2006 con la Provincia establecía que los rodados que sean secuestrados en esos controles sean remolcados y trasladados hasta los corralones municipales para que la Capital pueda cobrar las multas correspondientes, pero eso tampoco se concretó”.
Según el secretario de Relaciones Institucionales, en el Municipio no existe ninguna constancia que especifique cuánto es el dinero que perdió la Municipalidad en concepto de multas labradas por la Policía en los últimos años, “porque todos los procedimientos eran administrados por la Provincia”. Por esta razón, según indicó Avignone, se giró una nota al Tribunal de Cuentas de la Provincia para que se revisen las auditorías realizadas por el organismo desde 2006 a la fecha a los fines de conocer el monto de dinero que fue a parar a las arcas provinciales en ese concepto. “Una vez que nos contesten, se podrá cuantificar el monto y la Municipalidad podrá reclamar que todo el dinero que fue recaudado por infracciones de tránsito sea girado a la Capital, porque es lo que corresponde”, concluyó el funcionario municipal.
