La Municipalidad capitalina propuso una ordenanza para multar a las empresas de colectivos que interrumpan el servicio de transporte de pasajeros en la capital, o que usen los colectivos para cortar el tránsito en la ciudad.
Si el Concejo Deliberante aprueba la ordenanza, los empresarios recibirán multas millonarias y hasta podrían perder la concesión de la línea urbana que explotan.
El proyecto, rubricado por el intendente Germán Alfaro y el secretario de Gobierno, Walter Berarducci, modifica la ordenanza 400, de 1979, y fija en su artículo 1° que “la explotación del Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros dentro del radio del municipio de San Miguel de Tucumán es un servicio público esencial”.
“En el actual estado constitucional de derecho, debe garantizarse a los ciudadanos el acceso al servicio en condiciones de calidad, continuidad, regularidad, universalidad e igualdad”, se ratifica.
Sobre la base de esta declaración de “servicio esencial”, el resto del proyecto “fortalece el sistema de sanciones para desalentar la interrupción del servicio”.
Las interrupciones por menos de 48 horas recibirán multas y las que excedan los dos días consecutivos podrán perder la concesión de la explotación de la línea. A esto hay que agregar que las multas para las empresas pueden ir desde los 2.000 hasta los 100.000 viajes.
