El presidente Javier Milei envió al Congreso una propuesta de ley integral, conocida como “Ley Ómnibus”, que busca abordar una serie de cambios en distintos ámbitos, incluyendo reformas significativas en el sistema educativo argentino.
Uno de los aspectos destacados de la propuesta es la introducción de un examen censal obligatorio al finalizar la educación secundaria. A diferencia de las pruebas anteriores, este examen permitiría a los estudiantes conocer y recibir una certificación de sus resultados. Este cambio apunta a medir de manera más precisa los aprendizajes y las capacidades adquiridas al concluir la secundaria.
En el ámbito docente, la Ley Ómnibus propone evaluar el desempeño de los profesores de manera continua, vinculando el ascenso no solo a la formación, sino también a la evaluación periódica. Esta evaluación se realizaría cada cinco años para revalidar las capacidades y conocimientos de los docentes, con criterios definidos por la Secretaría de Educación de la Nación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación.
En cuanto a la educación superior, se plantea mantener la gratuidad para ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente, pero permitiendo que las universidades estatales establezcan aranceles para aquellos que no cumplan con estos requisitos. Se elimina la prohibición de acuerdos lucrativos, permitiendo que las instituciones de educación superior suscriban convenios para compartir recursos y buenas prácticas.
En términos de asignación de recursos, se propone distribuir fondos en función del número de estudiantes matriculados, el tipo de carrera y el área de formación. Además, se busca asegurar el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional, fomentar la calidad y pertinencia de la formación, y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
